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César Gaviria acusa a Petro de aplicar “expropiación indirecta” de 400.000 hectáreas
El expresidente y jefe del Partido Liberal advirtió que tierras en distintas regiones ya están afectadas por medidas que, según él, limitan la propiedad privada y frenan la inversión.

El expresidente César Gaviria lanzó fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro al señalar que se estarían aplicando “expropiaciones indirectas” en distintas zonas del país mediante decretos y resoluciones expedidos sin concertación con autoridades locales ni estudios técnicos.
Según Gaviria, más de 400.000 hectáreas en 40 municipios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira, además de amplias áreas de la Sabana de Bogotá y 22 municipios del suroeste antioqueño, ya están afectadas por figuras que han generado incertidumbre jurídica, desvalorización de predios y freno a proyectos productivos en minería, agroindustria y ganadería.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran las Zonas de Producción Prioritaria de Alimentos (ZPPAS) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAS), incluidas en el Plan de Desarrollo. De acuerdo con el exmandatario, estas han sido implementadas de forma acelerada y sin los soportes técnicos adecuados.
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El caso más crítico, apuntó Gaviria, se registra en Jericó (Antioquia), donde se encuentra el mayor yacimiento de cobre del país. Allí, las reservas temporales de recursos naturales renovables habrían paralizado el desarrollo minero y puesto en riesgo grandes inversiones extranjeras.
El líder liberal también advirtió sobre la intención del Gobierno de declarar áreas protegidas en Bogotá y en 39 municipios de la Sabana, bajo la figura de “lineamientos ambientales”, medida que fue suspendida por el Tribunal de Cundinamarca pero que, según él, el Ejecutivo insiste en aplicar “con o sin concertación”. Esto afectaría proyectos estratégicos como la ampliación del aeropuerto El Dorado, la autopista Norte, la avenida Boyacá y el Regiotram del Norte.
Finalmente, Gaviria criticó que se otorgue a autoridades indígenas poder de veto sobre proyectos de infraestructura y desarrollo, lo que calificó como “estrategias extorsivas”. Llamó a alcaldes, gobernadores y diputados a defender la autonomía regional y sus territorios dentro del marco legal.
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