Comunidades indígenas firmaron lucrativos contratos con el Gobierno previo a las movilizaciones

Este martes 18 de marzo, miles de colombianos se movilizaron en todo el país en respuesta al llamado del presidente Gustavo Petro para defender las reformas sociales de su Gobierno, especialmente la Laboral, que fue archivada, y la de Salud, que sigue en trámite.

Diversas organizaciones se sumaron a la jornada, entre ellas centrales obreras y Fecode, pero la presencia indígena ha llamado la atención, no solo por su participación, sino por los millonarios contratos que han suscrito con el Gobierno.

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Uno de los principales beneficiarios ha sido el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que agrupa al 90% de los pueblos indígenas del departamento y representa a 115 cabildos y 11 asociaciones. 

Según el portal de contratación estatal Secop, el pasado 13 de marzo, esta organización firmó un convenio por $57.694 millones con el ministerio de Educación, mediante contratación directa.

El contrato tiene como objetivo fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), un modelo que busca garantizar que las comunidades indígenas reciban educación en línea con su cosmovisión, lenguajes y tradiciones. 

Según los documentos oficiales, el Seip es una "práctica natural, milenaria y política educativa fundamentada en la Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio".

Por otro lado, el concejal de Bogotá Jairo Ladino denunció que el Cric y la Onic han recibido $314.169 millones de pesos en 81 contratos, destinados al fortalecimiento de saberes ancestrales, mingas y producción de contenidos TIC.

Además, Ladino señaló que el Cric tiene más de $142.000 millones comprometidos en dos contratos. Uno con el ministerio de Educación y mencionado anteriormente y otro con la Gobernación del Cauca, suscrito este año por $85.165 millones.

Este último contrato ha generado especial controversia, ya que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, llegó al poder con el respaldo de Colombia Renaciente e Independientes, el movimiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y cercano al presidente Gustavo Petro, quien ha expresado su interés en una candidatura presidencial.

Las denuncias han puesto bajo la lupa el uso de los recursos públicos y el papel de estas organizaciones en las manifestaciones en favor del Gobierno.

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