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Congresistas de la 'Bancada Caribe' rechazan cobro de valorización en la Vía al Mar
Legisladores del Atlántico critican la propuesta del Ministerio de Transporte, argumentando que el proyecto es injusto y perjudicial para la región.
La implementación del cobro de valorización sobre la Vía al Mar para 2024 ha generado una fuerte oposición entre los congresistas del Atlántico, quienes forman parte de la denominada 'Bancada Caribe'. Estos legisladores han expresado su preocupación y han declarado su intención de luchar contra lo que consideran un golpe al bolsillo de los ciudadanos.
El senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, ha sido uno de los principales críticos del proyecto, calificándolo de “crudo” y señalando la falta de mecanismos de financiación claros.
"A la Universidad del Norte, por ejemplo, le tocaría pagar un estimado de $2 mil millones, lo que considero injusto porque esto les quitaría posibilidades para avanzar en la educación", afirmó Meisel. El senador enfatizó la necesidad de tumbar el cobro de valorización o de presentar un proyecto que sea más beneficioso para los habitantes del Caribe.
En una línea similar, el senador Antonio Sabaraín, del partido Cambio Radical, denunció que el cobro de valorización para más de 240,000 predios es un “atraco a mano armada”. Según Sabaraín, se pretende recaudar cerca de $850 mil millones en un contexto de crisis financiera que afecta a los hogares más vulnerables de la región Caribe.
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El diputado por el Atlántico, Camilo Torres, también criticó la propuesta del Gobierno, cuestionando que solo se contemple invertir el 50% del recaudo en los proyectos viales que necesita el Caribe. "¿Por qué debemos regalar la mitad de nuestra plata?", se preguntó Torres, refiriéndose a la distribución desigual de los recursos recolectados.
En respuesta a esta situación, los congresistas han propuesto varias acciones. El senador Carlos Meisel planea interponer una acción popular contra el cobro de valorización, mientras que el senador Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, ha propuesto un debate de control político para cuestionar a la ministra de Transporte, María Constanza García.
Los argumentos contra el cobro de valorización son claros: afectaría negativamente a instituciones educativas como la Universidad del Norte y la distribución del dinero recolectado no sería equitativa, ya que solo el 50% se quedaría en los departamentos afectados, Atlántico y Bolívar.
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