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Denuncian a presidente Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones por apoyo de Iván Mordisco
Aseguran que jefe de disidencias intimidó a campesinos para votar por el candidato presidencial.
Una nueva denuncia ha sido presentada contra el presidente Gustavo Petro. El escenario de esta acusación es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde el representante Christian Garcés, miembro del partido Centro Democrático, ha radicado una grave denuncia que vincula a Petro con apoyos irregulares durante su campaña presidencial en 2022.
El centro de la controversia se encuentra en las declaraciones de alias 'Iván Mordisco', líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), quien afirmó públicamente haber brindado apoyo a Petro durante la carrera electoral que finalmente lo llevó a ocupar el máximo cargo ejecutivo en el país.
La naturaleza exacta de este apoyo no ha sido detallada, dejando en el aire la posibilidad de que haya incluido financiación, promoción o incluso asistencia armada.
La acusación adquiere una dimensión aún más compleja al conectar estos señalamientos con anteriores denuncias que afirmaban que disidencias de las FARC intimidaban a comunidades campesinas para inclinar la balanza electoral a favor de Petro.
Uno de los testimonios más impactantes proviene de Jesús Antonio Montano, un líder indígena misak, cuyo trágico final tras denunciar intimidaciones añade un sombrío telón de fondo a la situación.
Estos eventos resucitan preocupaciones acerca del constreñimiento electoral en regiones afectadas por el conflicto armado, con reportes de 2022 indicando posibles presiones sobre la población civil en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca.
A la par de estas acusaciones, la Comisión de Acusaciones está investigando a Petro por una posible financiación ilegal de su campaña, examinando también las denuncias sobre la superación de topes legales y el manejo de fondos no reportados.
La investigación se extiende a indagar sobre contribuciones significativas, como las realizadas por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), esta última habiendo aportado una suma significativamente mayor a la inicialmente declarada.
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