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Exnegociadores de paz advierten que el crimen de Miguel Uribe es un golpe al Acuerdo de Paz
Líderes acusan al Gobierno de desatender el Sistema Integral de Seguridad.

Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo, exnegociadores del Acuerdo de Paz de 2026, condenaron con la mayor firmeza el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y extendieron toda su solidaridad a su familia y al partido Centro Democrático, donde ejercía como cabeza de la oposición.
Para los exnegociadores, este crimen constituye un duro golpe al Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo central era separar la política de las armas y garantizar la seguridad para el ejercicio de la oposición.
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El pronunciamiento recordó que el Acuerdo contempló el desarme de las Farc y la creación de garantías para la participación política, incluidas medidas especiales para la oposición. Entre ellas, se aprobó en 2018, tras 27 años de intentos fallidos, el Estatuto de Garantías para la Oposición (Ley 1909), que otorga derechos como el acceso equitativo a medios de comunicación, curules automáticas para candidatos perdedores y financiación adicional, además de programas de protección y seguridad para líderes opositores.
De acuerdo con el pronunciamiento, la protección es el derecho más relevante para la oposición, razón por la cual el Estatuto y el Acuerdo crearon el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado por el Decreto 895 de 2017. También exige promover la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia quienes ejercen la oposición política.
Sin embargo, los líderes opositores acusan al presidente Gustavo Petro de mostrar “desdén e indiferencia” hacia este sistema y la implementación del Acuerdo de Paz.
Señalan que incluso el Alto Comisionado para la Paz ha admitido que existe un “divorcio” interno en el Gobierno y que no asume responsabilidad directa por la implementación, delegándola a un funcionario de tercer nivel.
Finalmente, alertan que la paz y la seguridad “son dos caras de la misma moneda” y que el abandono de las regiones PDET ha fortalecido a bandas criminales y disidencias. Si se confirma que la Segunda Marquetalia es responsable del asesinato de Uribe Turbay, afirman, quedará en evidencia “la magnitud de esta equivocación” y exigen que a los autores les caiga todo el peso de la ley.
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