Gobierno prepara consulta popular sobre reforma laboral tras su hundimiento en el Congreso

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una consulta popular orientada a someter a votación ciudadana varios puntos contenidos en la reforma laboral que no logró ser aprobada en el Congreso de la República.

La iniciativa surge después de que dicha propuesta legislativa fuera archivada en la Comisión Séptima del Senado, lo cual motivó al presidente de la República, Gustavo Petro, a buscar un nuevo mecanismo de participación directa para impulsar las modificaciones que su administración considera necesarias en el régimen laboral vigente.

La decisión fue anunciada por el mandatario pocas horas después de conocerse el resultado adverso en el Congreso.

Durante una declaración pública, el jefe de Estado expresó que no aguardará por un eventual cambio de postura en el Legislativo, y señaló que recurrirá de forma inmediata a una consulta popular para que los ciudadanos definan el rumbo de las políticas laborales.

El presidente manifestó que, en su criterio, el debate no se centra únicamente en decisiones técnicas o jurídicas, sino que involucra una disputa entre sectores sociales con intereses contrapuestos en el modelo laboral colombiano.

De acuerdo con información confirmada por fuentes cercanas al Ejecutivo, el documento que compilará las preguntas que se presentarán a consideración del Congreso ya se encuentra en etapa final de elaboración.

Se prevé que el texto contenga entre 10 y 12 preguntas con opciones de respuesta cerradas: “sí” o “no”. Estas preguntas recogerán algunos de los principales puntos incluidos en la reforma laboral original, así como otros temas relacionados con nuevas formas de empleo.

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Entre los aspectos abordados en el cuestionario se encuentran el pago completo del recargo por trabajo en domingos y festivos, el aumento de la licencia de paternidad de dos a doce semanas, y la implementación de contratos formales para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

También se incluyen preguntas acerca de la posible eliminación de los contratos por prestación de servicios, el fortalecimiento de la contratación a término indefinido, y la prohibición de la tercerización laboral como mecanismo habitual de vinculación de personal.

Otras preguntas hacen referencia a la eventual creación de licencias temporales remuneradas en casos de dolores menstruales, la regulación de condiciones laborales en plataformas digitales, y la modificación del horario en el que inicia la jornada nocturna, que pasaría a comenzar a las 6:00 p. m., en lugar del horario vigente.

El presidente también ha insistido en que la ciudadanía podrá pronunciarse sobre el establecimiento de normas que favorezcan la estabilidad laboral y los derechos de quienes desarrollan actividades bajo nuevas modalidades de trabajo.

Paralelamente, el presidente Petro, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, evalúa la posibilidad de incluir una pregunta adicional en la consulta.

Esta pregunta sería construida con base en aportes ciudadanos mediante una plataforma digital, lo cual abriría la participación a una etapa preliminar de recolección de propuestas antes de la votación definitiva.

Mientras el Ejecutivo afina los detalles técnicos y jurídicos para la presentación del documento ante el Congreso, la encuestadora Invamer dio a conocer los resultados de un sondeo sobre la percepción ciudadana en torno a la propuesta de consulta popular. La medición fue realizada entre 1.200 personas en 56 municipios de diversas regiones del país.

Frente a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone su Gobierno?”, el 50 % de los encuestados respondió estar de acuerdo, mientras que el 43,2 % manifestó estar en desacuerdo. Un 6,8 % expresó no tener una opinión definida o prefirió no responder.

La misma encuesta evidenció un margen estrecho entre quienes participarían activamente en la consulta y quienes no lo harían.

Según los datos entregados por Invamer, el 29,2 % de los consultados aseguró que “definitivamente sí votaría”, en tanto que el 29,9 % afirmó que “definitivamente no votaría”.

Estos resultados sugieren un escenario de alta polarización y un nivel considerable de indecisión en la población.

El procedimiento para convocar una consulta popular de carácter nacional requiere la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso de la República, donde debe obtener la aprobación de ambas cámaras.

Posteriormente, el texto debe ser revisado por la Corte Constitucional para su validación jurídica. Si cumple con los requisitos legales, será la Registraduría Nacional la encargada de organizar el proceso de votación.

Para que el resultado tenga efectos jurídicos vinculantes, se necesita que participe al menos una tercera parte del censo electoral, y que la opción ganadora obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos.

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