Gobierno y Clan del Golfo alcanzan primer acuerdo con plan piloto en Antioquia y Chocó

El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo lograron su primer acuerdo en el marco de las negociaciones que adelantan, mediante un plan piloto que se implementará en cinco municipios de Antioquia y Chocó. Este avance representa un paso clave en los esfuerzos por reducir la influencia del grupo armado en la región.

Los municipios seleccionados para este plan piloto son Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía. Según el documento de cierre de la negociación, el Clan del Golfo se comprometió a realizar un censo de menores de edad que permanecen en sus filas, con el fin de entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Primera Declaración del Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia -(a)EGC y la construcción de paz con el pueblo en los territorios.

Desde Doha, capital del Estado de Qatar, los grupos de trabajo del Espacio de Conversación Socio-Jurídico… pic.twitter.com/Y2hyEN9VgJ

— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) September 18, 2025

El acuerdo también contempla la puesta en marcha de un programa restaurativo para la sustitución de cultivos ilícitos, que buscará ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades golpeadas por esta problemática. De igual forma, se estableció que un grupo especializado de Migración Colombia se desplazará a la zona para atender el fenómeno de la migración ilegal que afecta la región.

Otro de los puntos destacados es el compromiso del Clan del Golfo de no interferir en los procesos electorales de 2026, lo cual es visto como un paso importante hacia la normalización de la vida democrática en las zonas bajo su influencia.

Actualmente, el Clan del Golfo es considerado el grupo criminal con mayor número de integrantes en Colombia, con más de 9.500 miembros, lo que representa un aumento del 165% entre 2018 y 2025. El éxito de este plan piloto podría sentar las bases para acuerdos futuros y estrategias de pacificación en otras regiones del país.

Pese a este avance, expertos advierten que será crucial vigilar de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos y evaluar su impacto real en las comunidades afectadas, pues de ello dependerá que el proceso genere resultados tangibles en seguridad y desarrollo social.

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