Gustavo Petro ordena licitar el Canal 1 pese a concesión vigente hasta 2037

Durante un consejo de ministros transmitido en la noche del viernes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Julián Molina, iniciar la licitación del Canal 1, pese a que la concesión vigente con Plural Comunicaciones se extiende hasta mayo de 2037. La instrucción generó reacciones inmediatas en el sector mediático y político.

Petro señaló que su decisión obedece a la necesidad de establecer una "nueva forma de manejar la televisión", que, según él, debe estar en manos de la juventud, de artistas y de sectores culturales, y no de “potentados económicos”. Sin embargo, no detalló los argumentos jurídicos o técnicos que justificarían la caducidad de la concesión actual.

El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, rechazó la orden presidencial y aseguró que “no existe sustento jurídico” para abrir una nueva licitación. Recordó que la concesión fue otorgada en 2016 por 117.000 millones de pesos y tiene plena vigencia legal hasta 2037. “Se trata de un matoneo sistemático contra un medio plural y libre que defiende la democracia y la libertad de prensa”, señaló.

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El Ministerio TIC argumenta que existen presuntas irregularidades relacionadas con cambios en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin autorización previa, lo que podría constituir un incumplimiento contractual. No obstante, la empresa sostiene que dichos cambios son legales y que el Gobierno intenta encubrir lo que califica como un acto de “expropiación”.

La Superintendencia de Sociedades emitió en 2024 un concepto en el que estableció que la compraventa de acciones no requería aprobación y que no existía subordinación societaria entre Plural Comunicaciones y otros grupos mediáticos. También precisó que el acuerdo de comercialización de contenidos entre Canal 1 y Prisa Radio no implicaba cesión de la concesión, sino un contrato permitido por la ley.

Desde el anuncio de Petro, distintas voces del periodismo y gremios empresariales han expresado preocupación. El periodista Luis Carlos Vélez calificó la orden como “un ataque contra la empresa privada y la libertad de expresión”. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, la consideró un “atentado contra la democracia”.

Otros periodistas como Melquisedec Torres y empresarios como Cristian Verbel, CEO de La Opinión, coincidieron en que la medida representa un golpe a la independencia de los medios en Colombia. Según Verbel, “el único canal abierto con voces plurales e independientes está en la mira del Gobierno”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño también se sumó a las críticas, afirmando que Petro busca “expropiar” el canal para consolidar un proyecto de propaganda oficialista. “Si la concesión va hasta 2037, abrir una licitación en 2025 es desconocer la ley y los contratos firmados con el Estado”, señaló.

Plural Comunicaciones defiende que el Canal 1 ha cumplido sus obligaciones contractuales y destaca que su señal llega a 13 millones de colombianos y acumula más de 15 millones de seguidores en redes sociales. Además, resalta que produce contenidos informativos regionales y alianzas con medios como La Silla Vacía, El Colombiano, La Opinión, Caracol Radio y La W.

La controversia se mantiene abierta mientras el MinTIC evalúa los pasos a seguir frente a la orden presidencial. Analistas consultados advierten que una eventual caducidad anticipada de la concesión podría desencadenar litigios internacionales por violación de contratos, además de un clima de incertidumbre para la libertad de prensa en Colombia.

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