La historia política de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, capturados por recibir sobornos para aprobar leyes

En la cúspide del poder legislativo colombiano, dos nombres concentran la atención del país no solo por su papel en la conducción del Congreso, sino también por su aparición en una investigación que sacude los cimientos institucionales y que derivó en sus capturas este martes en la tarde: el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Se trata del expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, y del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, quienes, desde orillas políticas distintas, han protagonizado parte del pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo, y ahora se enfrentan a un proceso penal por presuntos ofrecimientos de sobornos.

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Ambos congresistas ejercieron actualmente los máximos cargos en sus respectivas corporaciones legislativas y fueron figuras fundamentales en la discusión y trámite de las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su gestión se ha visto opacada por señalamientos lanzados desde la propia institucionalidad: el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su subalterno Sneyder Pinilla, los han señalado como presuntos beneficiarios de una estrategia de cooptación del Congreso mediante la entrega irregular de contratos y recursos.

En el caso de Name recibió $3.000 millones en efectivo y en el de Calle $ 1.000 millones como lo atestiguaron los propios funcionarios de gobierno como López, Pinilla y Sandra Ortíz, la exconsejera presidencial también en prisión.

Iván Name, entre el pragmatismo político y la presión judicial

Con más de cuatro décadas en la vida pública, el senador Iván Name Vásquez se ha movido con fluidez entre las distintas corrientes del liberalismo, el progresismo y el centro político.

Su carrera empezó como representante a la Cámara por Bogotá en los años ochenta, continuó como concejal de la capital y secretario de Gobierno Distrital, y desde hace más de una década ocupa una curul en el Senado como miembro de la Alianza Verde.

Durante el periodo 2023-2024 asumió la presidencia del Senado, luego de un acuerdo entre el Pacto Histórico y sectores del centro, incluido su partido.

Sin embargo, con el paso de los meses, Name se distanció del Gobierno, criticó duramente el trámite de las reformas y adoptó una postura de independencia legislativa.

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Su gestión ha sido marcada por los debates sobre la reforma a la salud, la reforma pensional y la tensión por el manejo del trámite legislativo.

Pero su nombre apareció de forma inesperada en los señalamientos por el escándalo de la UNGRD.

Según las declaraciones del exsubdirector Sneyder Pinilla, el entonces director Olmedo López habría ordenado pagarle supuestamente $3.000 millones a Name como parte de una estrategia para garantizar el apoyo a las reformas del Gobierno.

Aunque no existe, hasta ahora, prueba documental que corrobore el pago, las declaraciones que lo incriminan ya están en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Name ha rechazado de forma tajante los señalamientos y solicitó al alto tribunal ser escuchado cuanto antes. “Quien nada debe, nada teme”, expresó en una carta pública, en la que calificó los señalamientos como una estrategia para desprestigiarlo políticamente. Al mismo tiempo, ha dicho que es víctima de un intento de retaliación por no haberse plegado completamente a la agenda del Gobierno.

Lo cierto es que fue capturado esta tarde de martes en su apartamento al norte de Bogotá.

Andrés Calle, un liberal joven en la cuerda floja

Del otro lado del Capitolio, en la Cámara de Representantes, el dirigente liberal Andrés David Calle Aguas se posicionó en 2023 como uno de los congresistas más jóvenes en alcanzar la presidencia de esa corporación.

Abogado cordobés, con apenas 32 años, Calle representa a una nueva generación del Partido Liberal que, en buena medida, ha respaldado las reformas sociales del actual Gobierno.

Elegido por primera vez en 2018 como representante por Córdoba, y reelegido en 2022, su carrera ha sido meteórica.

En la presidencia de la Cámara, ha impulsado el trámite de proyectos como la reforma pensional y ha sido clave en los acuerdos políticos que han permitido mantener un canal de interlocución entre el liberalismo y el Ejecutivo.

Sin embargo, también su nombre fue mencionado por Sneyder Pinilla, quien aseguró que desde la UNGRD se habrían asignado recursos por $1.000 millones para supuestamente influir en sus decisiones.

Al igual que en el caso de Name, no hay pruebas físicas del pago, pero las declaraciones ya forman parte del expediente preliminar que la Corte Suprema investiga.

Calle ha negado de forma rotunda cualquier participación en hechos irregulares y aseguró que está dispuesto a acudir a las instancias judiciales para aclarar su nombre. “Mi conducta ha sido transparente y en estricto apego a la ley”, señaló en un comunicado.

También solicitó formalmente ser escuchado por la Corte, al tiempo que expresó su apoyo a que se investigue a fondo la corrupción en la UNGRD.

Un Congreso en tensión y un país a la expectativa

El caso de la UNGRD ha revelado un entramado de presunta corrupción que se extiende desde la compra de carrotanques para La Guajira hasta el presunto pago de coimas a congresistas para garantizar gobernabilidad.

La gravedad de las denuncias ha motivado la intervención de organismos de control y abrió una nueva etapa de crisis institucional en Colombia.

Mientras la Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría analizan las evidencias y declaraciones, el país observa con atención el futuro político de dos de los hombres más poderosos del Congreso.

Por ahora, ni el Partido Liberal ni la Alianza Verde han retirado su respaldo a sus respectivos presidentes legislativos, aunque los sectores más críticos del Congreso ya piden que se aparten del cargo mientras se esclarecen los hechos.

Lo cierto es que el caso de la UNGRD se ratifica como uno de los escándalos más graves de la era Petro, y el futuro político de Iván Name y Andrés Calle dependerá en gran parte de lo que logren probar, o desmentir, los entes judiciales en las próximas semanas.

Es la primera vez que en la historia política de Colombia los presidentes de Senado y Cámara van a prisión.

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