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Ministro de Salud rechaza señalamientos contra su esposa y los califica de “ataques machistas”

Guillermo Alfonso Jaramillo negó las acusaciones de presión indebida por parte de su esposa en la firma de un contrato estatal

Guillermo Alfonso Jaramillo 6 abril
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 06/04/2025 - 18:50 Créditos: Foto tomada de X: @GA_Jaramillo

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió este domingo al paso de las acusaciones publicadas en una columna del periodista Daniell Coronell, donde se vincula a su esposa, Beatriz Gómez, con un supuesto caso de presión indebida sobre funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para firmar un contrato por más de 55.000 millones de pesos.

La denuncia incluye audios en los que, presuntamente, Gómez —en su rol de superintendente encargada— advierte a los funcionarios que deben firmar con urgencia un contrato relacionado con un buque hospital para comunidades del Amazonas, bajo la amenaza de ser removidos de sus cargos. En la grabación, la mujer exige celeridad en el trámite y hace alusión incluso al presidente de la República para reforzar su autoridad.

Frente a esto, el ministro Jaramillo publicó un mensaje en su cuenta de X, donde calificó los señalamientos como “agresiones machistas” que, según él, buscan socavar la legitimidad profesional de su esposa por su vínculo con un alto funcionario del Gobierno. “Pretenden reducir a mi esposa a una figura secundaria”, escribió, subrayando que estas críticas no solo afectan su labor sino que perpetúan estigmas de género.

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Jaramillo también precisó que cuando asumió como jefe de la cartera, su esposa ya ejercía como superintendente encargada y que, antes de aceptar el cargo, solicitó a la Función Pública una revisión de posibles inhabilidades, sin que se encontraran impedimentos legales.

Pese a su contundente defensa, el ministro no se refirió en su pronunciamiento al contenido jurídico de los audios ni al posible impacto que tendrían sobre el contrato en cuestión. Las grabaciones, por ahora, alimentan el debate público sobre transparencia y conflicto de intereses en la administración estatal.

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