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Ministro de Trabajo denunciará a congresistas por presuntas conductas contra la soberanía nacional
Antonio Sanguino aseguró que algunos pronunciamientos de legisladores podrían configurar delitos contra la integridad territorial y advirtió que no pueden ampararse en la libertad de expresión.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según afirmó, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
Entre los señalados por el funcionario se encuentran el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros legisladores que, de acuerdo con Sanguino, han realizado llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.
El ministro sostuvo que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su criterio, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos previstos en el Código Penal, particularmente aquellos relacionados con el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.
Sanguino advirtió que la situación reviste mayor gravedad cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Señaló además que la libertad de expresión no puede ser utilizada para justificar conductas que, a su juicio, podrían configurarse como traición a la patria.
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El ministro recordó que el artículo 455 del Código Penal sanciona de manera severa los actos orientados a afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.
Finalmente, Sanguino enfatizó que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y recalcó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan o no dentro de los delitos contemplados por la ley penal colombiana.
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