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MinTrabajo investiga a David Racero por presuntas irregularidades laborales en negocio familiar
El congresista del Pacto Histórico enfrenta un proceso administrativo por denuncias sobre condiciones laborales en un fruver de Bogotá.

El representante a la Cámara David Racero, integrante del Pacto Histórico, está bajo investigación del Ministerio del Trabajo por presuntas irregularidades en la contratación laboral de un negocio familiar en el sur de Bogotá.
La pesquisa se centra en la tienda La Cosecha del Campo, propiedad de la familia del congresista, donde se habría ofrecido una vacante con condiciones laborales que no respetaban la normativa vigente. Según la denuncia, el cargo de cajero incluía también labores de aseo y preparación de pulpas de fruta, con una jornada de 13 horas diarias, seis días a la semana, un salario de un millón de pesos y sin prestaciones sociales.
La Dirección Territorial de Bogotá abrió la actuación administrativa en mayo de 2025, tras conocerse reportajes periodísticos y audios en los que, presuntamente, Racero promocionaba la oferta. El congresista alegó que el establecimiento solo funcionó durante cinco meses en 2020 y que las acusaciones hacen parte de una campaña de desinformación.
El legislador fue notificado formalmente en junio y ha entregado su versión a los entes de control. “He podido responder cabalmente, aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar. Yo mismo he solicitado que se investigue”, declaró a la revista Semana.
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El caso se suma a otros procesos recientes contra figuras cercanas al Gobierno por temas laborales, como el de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, investigada por presunto incumplimiento de obligaciones con su exempleada Marelbys Meza.
De forma paralela, el Consejo de Estado adelanta una indagación sobre el posible uso indebido de un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero, quien habría sido asignado a labores en el fruver. El funcionario ya fue citado a rendir testimonio.
El congresista ha calificado el proceso como un “linchamiento político” y aseguró que dará explicaciones únicamente ante las autoridades competentes. Añadió que el fruver fue un proyecto familiar que no sobrevivió a la crisis económica de la pandemia.
El Ministerio del Trabajo tiene un plazo de hasta tres años para emitir una decisión definitiva, aunque se prevé que antes de agosto de 2026 no se conozca un desenlace.
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