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Petro responde al Consejo de Estado tras suspensión de decreto sobre consulta popular
El mandatario afirmó que el Consejo de Estado no puede declarar la inconstitucionalidad del decreto que convoca la consulta popular y señaló que la discusión ya no es jurídica.

Luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitiera la demanda que busca la nulidad del Decreto 0639 de 2025 —mediante el cual se convocó una consulta popular— y suspendiera provisionalmente sus efectos, el presidente Gustavo Petro se pronunció asegurando que el Alto Tribunal no tiene competencia para declarar su inconstitucionalidad.
“Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto, que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica”, afirmó el mandatario.
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Petro también se refirió al papel del Congreso frente a la reforma laboral y la posible detención de su trámite: “Claro que la mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra. Ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza: el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”.
En la tarde de este miércoles, el Consejo de Estado ratificó su competencia para conocer el caso, en virtud del artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena.
Además, el tribunal ordenó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0639 de 2025, tras acoger una medida cautelar urgente solicitada por el demandante. La decisión se fundamentó en la ausencia del concepto previo favorable del Senado de la República, exigido por el artículo 104 de la Constitución para convocar al pueblo a decidir sobre asuntos de trascendencia nacional.
El caso sigue abierto mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto, en medio de un creciente debate entre lo jurídico y lo político.
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