Presidente Gustavo Petro denuncia control mafioso en el puerto de Buenaventura

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó sus denuncias sobre la presencia de estructuras criminales que buscan consolidar su dominio sobre el puerto de Buenaventura con el objetivo de facilitar la exportación de cocaína y el ingreso de mercancía de contrabando.

Según sus declaraciones, individuos vinculados a estas organizaciones han intentado obtener concesiones portuarias sin contar con los requisitos legales.

Durante su intervención, el mandatario señaló que el puerto ha sido manejado por alias "Papá Pitufo" con la colaboración de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Afirmó que esta estructura delictiva opera bajo el mando de una organización con sede en Dubái. Petro también se refirió a la intervención de entidades extranjeras en procesos judiciales y administrativos en Colombia, reiterando que los funcionarios de la Cancillería deben responder únicamente a las directrices del Gobierno Nacional.

Movilización del sector arrocero y bloqueos viales

En el marco de un Consejo de Ministros, el presidente Petro abordó la protesta de cultivadores de arroz que ha generado bloqueos en varias regiones del país y que, para ese momento, llevaba una semana en desarrollo.

El jefe de Estado sostuvo que Colombia debería enfocar sus esfuerzos en convertirse en un país exportador del grano en lugar de continuar con políticas de subsidios que, según su postura, benefician principalmente a grandes productores y molineros.

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Explicó que estos sectores han sido responsables del incremento en los costos de producción y comercialización, lo que ha repercutido en el mercado interno.

Además, expresó su preocupación por la participación de pequeños productores en las manifestaciones, señalando que estas acciones estarían favoreciendo a grandes empresarios del sector en lugar de responder a los intereses de los agricultores de menor escala.

Críticas a la política de vivienda y necesidad de soluciones en el Micay

El presidente también se refirió a la política de vivienda del país, señalando que la construcción de 150 unidades habitacionales en determinadas regiones no es suficiente para atender la demanda de la población. En este sentido, destacó la necesidad de desarrollar proyectos de mayor escala en zonas como el Micay.

Durante su intervención, Petro cuestionó el enfoque del Ministerio de Vivienda y criticó la influencia de sectores privados en la formulación de políticas públicas.

En particular, manifestó que si la estrategia habitacional se basa en los intereses de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), los resultados serían deficientes, argumentando que dicha entidad representa los intereses de grandes especuladores del mercado inmobiliario.

También señaló que por esta razón se ha generado oposición a ciertas regulaciones ambientales establecidas para la región de la Sabana de Bogotá.

Las declaraciones del presidente reflejan su postura sobre distintos temas de orden económico, social y judicial, así como su preocupación por la influencia de grupos privados y actores extranjeros en asuntos estratégicos para el país.

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