Registraduría definirá esta semana su posición frente a la consulta popular sobre reforma laboral

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que esta semana la Registraduría emitirá un pronunciamiento de fondo sobre el decreto presidencial que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral para el próximo 7 de agosto. Desde Puerto Carreño, donde dio apertura oficial a elecciones atípicas de gobernador en Vichada, Penagos indicó que el decreto está siendo evaluado con rigor por el equipo jurídico de la entidad.

El decreto 0639 de 2025 fue firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, sin contar con el concepto favorable del Senado, requisito exigido por el artículo 104 de la Constitución para convocatorias de esta naturaleza. Penagos aseguró que también se analiza la decisión del Senado del 14 de mayo, en la cual se negó a autorizar dicha consulta.

Según el registrador, hasta el momento han recibido siete solicitudes de excepción de inconstitucionalidad frente al decreto, así como 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado y seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Aclaró que cualquier actuación de la Registraduría dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

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En ese contexto, juristas han señalado que la Registraduría podría abstenerse de avanzar con el trámite, dado que la convocatoria presidencial podría contradecir normas superiores. Sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha advertido que negarse a cumplir el decreto podría constituir un delito de prevaricato por omisión.

Penagos reiteró que la Registraduría es un organismo autónomo e imparcial, responsable de garantizar la integridad de los procesos democráticos. Señaló que se tomará una decisión “con mucho juicio y rigor jurídico”, teniendo en cuenta tanto las normas como la estabilidad institucional.

Mientras avanza la evaluación jurídica, una de las principales preocupaciones operativas es el tiempo disponible para organizar la consulta. Según fuentes de la Registraduría, menos de dos meses resultan insuficientes para coordinar la logística que requiere una jornada electoral de alcance nacional e internacional.

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