Senadora Isabel Zuleta pidió salida de cabecillas de bandas de Medellín para evento con Petro

Una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revelado por la Revista Semana, muestra que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, solicitó el traslado de varios cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín para participar en un acto público con el presidente Gustavo Petro. El evento tuvo lugar el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro administrativo de la capital antioqueña.

El documento, firmado por el director (e) de Custodia y Vigilancia del Inpec, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, detalla que la congresista, en su rol de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, remitió una comunicación oficial el 19 de junio en la que solicitaba el traslado temporal de al menos nueve jefes de estructuras criminales privadas de la libertad.

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Entre los nombres mencionados se encuentran reconocidos cabecillas como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. También figuran Alber Antonio Henao, Juan Camilo Rendón (alias Saya), Jorge de Jesús Vallejo (alias Calambre), José Leonardo Muñoz (alias Douglas), Walter Alonso Román y Dayron Alberto Muñoz.

La resolución conocida por el medio mencionado establece que la solicitud tenía como fin permitir la participación de estos detenidos “sin horas determinadas” en el evento público con el jefe de Estado. Además, precisa que esta no sería la primera vez que se realizaban traslados de este tipo, pues ya habrían ocurrido tres remisiones anteriores autorizadas por delegados del Gobierno nacional.

El Inpec autorizó el procedimiento con estrictas condiciones de seguridad. Indicó que los privados de la libertad debían regresar de inmediato a su centro de reclusión una vez finalizara la actividad, y que las remisiones serían efectuadas bajo “rigurosas y extremas medidas de seguridad” para prevenir cualquier intento de fuga o rescate.

El traslado fue coordinado por la cárcel de alta y mediana seguridad de La Paz, ubicada en Itagüí, con el apoyo de la Fuerza Pública y grupos operativos especiales. La revelación del documento ha generado una fuerte polémica pública y cuestionamientos sobre el alcance y las implicaciones de estas decisiones en el contexto de la política de “paz total” del Gobierno.

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