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"Sin Ley de Financiamiento habrá millonarias pérdidas en inversión social para 2025", DNP
La falta de la Ley de Financiamiento impactará las finanzas de todos los departamentos del país, con recortes masivos en sectores esenciales como educación, salud y vivienda.
El rechazo de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso de la República, ha generado un terremoto financiero que afecta no solo al nivel nacional, sino también a las regiones.
Según Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la ausencia de esta legislación implica una pérdida significativa de recursos destinados a inversión social en los 32 departamentos de Colombia para el año 2025.
El impacto se refleja en el presupuesto de inversión regionalizado, evidenciando recortes en sectores críticos como educación, salud, agua y saneamiento básico, cultura, deporte, medio ambiente, vivienda, agricultura, infraestructura y vías. López Maya calificó esta situación como un golpe severo al bienestar de los ciudadanos en todo el país.
Pérdidas multimillonarias por departamento
Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia, encabezan la lista de departamentos más afectados, con pérdidas de $672.442 millones, $568.742 millones y $564.772 millones, respectivamente.
Regiones como Bolívar, Atlántico y Nariño también reportan caídas significativas, con recortes de $500.193 millones, $336.035 millones y $469.796 millones, respectivamente. Mientras tanto, departamentos más pequeños como Amazonas y Vaupés no están exentos del impacto, con disminuciones de $77.388 millones y $33.852 millones.
La falta de recursos golpeará áreas fundamentales para el desarrollo regional. "Educación, salud y vivienda son los sectores más perjudicados, lo que profundizará las desigualdades y afectará directamente la calidad de vida de los colombianos", advirtió López Maya.
En regiones como La Guajira, con una pérdida estimada de $399.467 millones, y Cauca, que enfrentará un recorte de $527.613 millones, las comunidades más vulnerables se verán particularmente afectadas.
Según el Ejecutivo, la Ley de Financiamiento pone en jaque los planes de desarrollo y agrava la crisis social en un país ya marcado por desigualdades. Mientras tanto, busca alternativas para mitigar el impacto, la incertidumbre crece en las regiones, que enfrentan un 2025 con presupuestos cada vez más limitados para atender las necesidades de sus habitantes.
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