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Asamblea Nacional de Pescadores 2025 en Cali: conclusiones, formalización, asociatividad y futuro
Pormenores de la segunda jornada y compromisos del Ministerio de Agricultura y la Aunap para beneficiar a 400.000 personas que trabajan en la pesca.
Cali amaneció esos 3 y 4 de diciembre con acento marino y ribereño. A orillas del Pacífico, pero con delegados que llegaron desde el Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el sistema Magdalena–Cauca, más de 150 líderes pesqueros se sentaron frente a frente con el Gobierno para discutir qué futuro tendrá la pesca artesanal en Colombia.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), adscrita al Ministerio de Agricultura, convocó la Asamblea Nacional de Pescadores en un momento en el que el sector no solo reclama reconocimiento, sino que se consolida como uno de los motores que más crece dentro del agro colombiano.
La foto de apertura del encuentro la puso la propia AUNAP: un país con 3.240 kilómetros de costa entre Pacífico y Caribe, cerca de 800.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y más de 20 millones de hectáreas de aguas continentales.
Un mapa hídrico que convierte a la pesca artesanal en sustento e identidad para miles de familias y en un pilar de la seguridad alimentaria.
Sobre ese telón de fondo se instaló la Asamblea. El director general de la entidad, William Tepud, abrió la primera jornada con un diagnóstico: la pesca artesanal avanza en formalización, asociatividad y mayor peso en la comercialización, pero sigue enfrentando brechas históricas.
El mensaje central fue que, pese a los conflictos por uso del agua, la presión sobre los ecosistemas y la informalidad, “la dinámica del sector de la pesca sí tiene futuro”, una idea que repitió como hilo conductor del encuentro, al presentar el balance de los diálogos regionales sostenidos durante 2025 con comunidades pesqueras.
A su vez, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, destacó en el segundo día de la jornada y al presentar las conclusiones del evento los beneficios que el gobierno ha estructurado en beneficio de cerca de 400.000 personas que viven de la actividad pesquera en el país.
La funcionaria explicó al cierre de la asamblea que trató de una instancia que se abrió en el gobierno para construir por primera vez desde el Estatuto Pesquero de 1990 una instancia de concertación.
“Se reune la Mesa Nacional de Pesca, el gobierno nacional en el acto de reconocimiento de la pesca artesanal, en el acto de redistribución, en el acto de justicia, con quienes están cuidando nuestras cuencas, con quienes están alimentando nuestras regiones, con quienes además empiezan a hacer justicia porque reivindican sus derechos, estamos construyendo una Colombia potencia agroalimentaria”, destacó la ministra Carvajalino.
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La funcionaria resaltó que tras la asamblea junto con los pescadores y pescadoras del país se avanzó en la construcción de una gran política pesquera a fin de transformar la vida de cerca de 400.000 personas dedicadas a la pesca haciendo una revolución por la vida.
Las cifras que llevó la AUNAP a Cali apuntalaron ese relato. Entre 2020 y 2024, el número de carnés vigentes de pesca artesanal pasó de 55.019 a 125.983, y a octubre de 2025 se mantenían 123.025 pescadores formalizados, lo que muestra que el proceso no fue coyuntural sino sostenido.
La carnetización, explicó la entidad, no es solo un registro: permite ordenar la actividad, construir diagnósticos de captura y esfuerzo pesquero, y abre puertas a programas de apoyo, capacitación y acceso a mercados.
En paralelo, el país avanza en 47 procesos de ordenación pesquera —10 en diagnóstico, 10 en formulación y 27 en implementación—, lo que da cuenta de una apuesta por reglas construidas con las comunidades para garantizar que ríos, mares y especies sigan siendo fuente de bienestar.
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Esos ejercicios se apoyan en el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), operación certificada por el DANE que ha permitido, por primera vez en décadas, que la pesca artesanal aparezca con claridad en las estadísticas nacionales, con desembarcos que superan las 80.000 toneladas anuales y un Caribe que aporta más de 42.000 toneladas, especialmente de túnidos como el barrilete, el atún aleta amarilla y el patudo.
La primera jornada giró alrededor de la formalización y la asociatividad. Desde la tarima, Tepud y su equipo pusieron sobre la mesa la idea de que la ruta para dignificar el oficio pasa por fortalecer organizaciones de base capaces de negociar mejor precios, acceder a infraestructura como plantas de frío y participar en la formulación de normas.
En la platea, representantes de asociaciones —incluidos delegados de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca— respondieron con sus diagnósticos sobre contaminación, pérdida de humedales, inseguridad en zonas de desembarque y barreras para comercializar sin intermediación abusiva.
Otras funcionarias del Ministerio de Agricultura, como Martha Lucía de la Pava y Sandra Muñoz, intervinieron para explicar en qué punto va la actualización de la política nacional de pesca y el ajuste de la Ley 13 de 1990, una de las demandas recurrentes del sector. El mensaje fue que la Asamblea no sería un espacio aislado, sino un insumo directo para ese rediseño normativo.
A lo largo del día, también se escucharon voces internacionales y de otras entidades del Estado. La FAO en Colombia destacó en redes que la III Asamblea Nacional de Pescadores en Cali era un espacio clave para reunir a más de 150 líderes y alinear la pesca artesanal con la agenda de seguridad alimentaria y sostenibilidad.
La Dirección General Marítima (Dimar), que también participó, subrayó la importancia de articular la gestión pesquera con la autoridad marítima, en especial en el Pacífico y el Caribe.
En ese cierre del primer día, la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca presentó su propia lectura: la administración actual de la AUNAP, dijeron varios delegados, ha abierto un canal de trabajo con otras entidades que no se había consolidado en años anteriores.
El objetivo, expusieron, es avanzar hacia un plan integral de manejo de la pesca que convierta al sector en un eje estratégico de la economía, enlazado con la reforma agraria, la protección del agua y la transición productiva en territorios rurales.
La segunda jornada, también estuvo marcada por el trabajo en mesas temáticas y la búsqueda de consensos, siguiendo el guion de ejercicios previos como la Asamblea de Barranquilla de 2023, donde se habían discutido ambiente, investigación, inspección, normatividad, fomento y fortalecimiento institucional.
En Cali esas discusiones se actualizaron con el nuevo contexto: un sector que creció 18,2 % en el primer trimestre de 2025 —el de mejor desempeño dentro del agro— y que, al mismo tiempo, enfrenta los impactos crecientes del cambio climático y conflictos por uso del suelo y del agua.
De las intervenciones, cifras y prioridades expuestas durante las dos jornadas, se desprenden al menos cinco grandes conclusiones que marcan la hoja de ruta inmediata para la pesca artesanal en Colombia:
Primero, la formalización dejó de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en condición de acceso a derechos. El compromiso que quedó planteado en Cali es mantener y ampliar la carnetización, pero acompañada de capacitación, acceso a programas productivos y participación efectiva en los procesos de ordenación pesquera.
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El carné, insistieron varios delegados, solo tiene sentido si se traduce en protección social, acompañamiento técnico y presencia institucional en los territorios.
Segundo, la asociatividad se consolidó como herramienta central para enfrentar las asimetrías de mercado. La Asamblea reforzó la idea de que las organizaciones de pescadores deben ser protagonistas, no solo beneficiarias, en la cadena de valor: desde la negociación de precios hasta el manejo de infraestructura de frío y la agregación de valor mediante procesos de transformación y comercialización directa.
La referencia constante fueron experiencias territoriales donde la AUNAP ya ha apoyado dotaciones, embarcaciones y proyectos colectivos en departamentos como Sucre, Córdoba o Cesar, y que ahora se busca escalar a escala nacional.
Tercero, la ordenación pesquera participativa se ratificó como condición de sostenibilidad. Con 47 procesos en curso, la Asamblea remarcó que ninguna resolución sobre vedas, tallas mínimas o zonas de reserva tendrá legitimidad si no recoge el conocimiento tradicional y las realidades socioeconómicas de las comunidades.
Las discusiones se enlazaron con los Encuentros Regionales “Agua y Territorio”, mediante los cuales la AUNAP viene trabajando con pescadores y acuicultores para fortalecer la pesca sostenible y enfrentar los impactos del cambio climático.
Cuarto, el cambio climático y la degradación ambiental pasaron del diagnóstico a la exigencia de medidas concretas. Pescadores de distintas cuencas insistieron en que fenómenos como el aumento de la temperatura del agua, la desaparición de humedales y la contaminación por vertimientos industriales afectan directamente las capturas y la seguridad alimentaria local.
En Cali se reafirmó la necesidad de fortalecer programas de repoblamiento, restauración de manglares, vigilancia frente a la pesca ilegal y proyectos de diversificación productiva que permitan ingresos en épocas de veda o baja pesca, siguiendo las líneas que ya se habían resaltado en espacios anteriores de la AUNAP.
Quinto, la Asamblea puso en el centro la dimensión social del sector: el rol de las mujeres en la cadena pesquera, la participación de jóvenes y la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes que han hecho de la pesca un rasgo de identidad.
Experiencias de liderazgo femenino y de organizaciones que han recibido dotaciones e instrumentos para mejorar la comercialización sirvieron como ejemplo de que la pesca artesanal no solo produce alimento, sino que sostiene tejidos comunitarios que quieren ser reconocidos en la política pública, no solo en proyectos aislados.
En el plano institucional, la Asamblea también dejó mensajes hacia dentro del Estado. Varios voceros reiteraron la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y territorial de la AUNAP, consolidar su coordinación con otras agencias —desde Dimar hasta el Banco Agrario— y asegurar que los compromisos que se asumen en espacios como el de Cali se traduzcan en presupuestos y cronogramas verificables.
Las recientes iniciativas para ampliar la presencia regional, lanzar encuentros “Agua y Territorio” y avanzar en acuerdos con organizaciones como WCS Colombia fueron presentadas como señales de esa ruta, pero los pescadores pidieron que no se queden en anuncios.
De cara al futuro, la Asamblea Nacional de Pescadores en Cali se leyó hacia afuera como un termómetro de la relación entre el Gobierno y un sector estratégico. Para la AUNAP y el Ministerio de Agricultura, el mensaje fue que la pesca artesanal no es un tema marginal en la agenda rural: en 2025, la pesca y la acuicultura son el componente de mayor crecimiento dentro del agro, y su aporte a la seguridad alimentaria y a la economía regional obliga a fortalecerla como política de Estado de largo plazo.
Para los pescadores, el saldo va más allá de las cifras. Cali fue, sobre todo, un espacio de reconocimiento mutuo: entre quienes lanzan sus redes al amanecer y quienes toman decisiones desde los ministerios; entre la estadística y el relato del que sale al río o al mar.
Lo cierto es que las dos jornadas de la Asamblea Nacional de Pescadores ratificaron el trabajo del gobierno con el propósito de seguir fortaleciendo una esforzada labor pesquera de miles de hombres y mujeres en el país que día a día garantizan la seguridad alimentaria en el país y merecen un reconocimiento a su abnegada labor.
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