Barbarie en La Guajira: comunidad decapita a menor acusado de feminicidio infantil

La comunidad del corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla, La Guajira, enfrenta una situación de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de tres años, identificada como Shelsy Michel Navarro Ojeda.

El hecho, que se registró en una zona rural cercana a la vivienda de la niña, desencadenó una respuesta colectiva que ha sido asociada con un presunto caso de justicia por mano propia, el cual también se encuentra bajo indagación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con los reportes iniciales, la menor fue vista por última vez durante la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025 mientras jugaba en inmediaciones de su casa.

Sus familiares señalaron que, al percatarse de su ausencia, iniciaron una búsqueda inmediata que contó con la participación de vecinos y allegados, y se extendió hasta las horas nocturnas.

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El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida a corta distancia del domicilio familiar. Versiones recogidas en el lugar indican que se trataba de un entorno frecuentado por personas cercanas al círculo familiar.

En entrevista concedida a medios radiales, la madre de la menor, Liliana Ojeda Domínguez, relató que se encontraban en compañía del padre cuando la niña desapareció de forma súbita.

La búsqueda se concentró inicialmente en los alrededores, incluyendo una vivienda próxima en donde, según indicó, fueron hallados algunos elementos que podrían tener relación con el presunto responsable del crimen.

El desarrollo de los acontecimientos tomó otro rumbo el jueves 11 de diciembre, cuando surgieron versiones no oficiales que apuntan a que un adolescente, de entre 14 y 15 años, habría sido señalado como el presunto autor del homicidio.

Según información difundida por medios regionales, un grupo de personas lo habría localizado y agredido de forma violenta.

El cuerpo del menor fue posteriormente encontrado sin vida, desnudo, con señales de tortura, un mensaje escrito en el abdomen, y la cabeza ubicada en lo alto de un árbol cercano.

Las autoridades no han confirmado detalles sobre este segundo fallecimiento ni sobre la identidad del joven señalado. No obstante, los hechos han sido catalogados como materia de investigación.

El Departamento de Policía de La Guajira se pronunció el viernes para rechazar lo sucedido, señalando que se mantiene abierta una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante de la institución en el departamento, aseguró que se activó un equipo especializado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para avanzar con las pesquisas correspondientes.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, expresó públicamente su rechazo frente a lo ocurrido, subrayando la necesidad de que las instituciones judiciales asuman el esclarecimiento del crimen y refuercen las medidas de protección hacia la niñez.

En su declaración, solicitó celeridad en el desarrollo de las investigaciones e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que situaciones de este tipo deriven en respuestas extrajudiciales.

Los organismos de seguridad han reiterado que la administración de justicia debe corresponder exclusivamente a las autoridades legalmente constituidas y han advertido que se tomarán medidas para evitar la repetición de hechos similares.

El Ministerio Público y entidades de infancia también fueron notificadas para brindar acompañamiento a la familia afectada y evaluar la situación desde un enfoque de derechos.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso ha generado amplio debate en la opinión pública por la gravedad del crimen inicial, la respuesta comunitaria y la necesidad de garantizar canales institucionales frente a situaciones que involucran menores de edad.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con los hechos posteriores al hallazgo del cuerpo de la niña, ni se ha oficializado la identidad de la persona fallecida señalada como presunto agresor.

Las autoridades continúan recabando testimonios y elementos materiales probatorios con el propósito de establecer una línea de tiempo precisa sobre los hechos ocurridos entre el 10 y el 11 de diciembre.

Entre tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado monitoreo especial al caso debido al involucramiento de menores de edad en ambas muertes. También se ha activado el sistema de protección para familiares cercanos y testigos potenciales.

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