Publicidad
Publicidad
Catatumbo registra más de 105 mil víctimas tras un año de enfrentamientos armados
Un informe de la Defensoría del Pueblo documentó desplazamientos masivos, amenazas, confinamientos y ataques con drones entre enero y diciembre de 2025, en medio del conflicto entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vivió en 2025 una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. Según el informe de la Defensoría del Pueblo titulado Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz, más de 105.000 personas fueron víctimas directas de la violencia generada por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
El documento, presentado por la defensora del Pueblo Iris Marín en Tibú, detalla que la violencia se intensificó a partir del 16 de enero, tras el rompimiento del equilibrio armado entre los grupos ilegales. La Defensoría calificó la situación como “consecuencias sin precedentes por su masividad y corto tiempo de ejecución”, y señaló que los conflictos generaron desplazamientos masivos, amenazas de muerte, confinamientos y un aumento de homicidios y retenciones forzadas.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), 101.587 personas fueron desplazadas de sus hogares, muchas con familias completas; 7.777 recibieron amenazas directas de muerte y 3.772 quedaron confinadas, imposibilitadas de salir a adquirir alimentos o recibir atención médica. La violencia también alcanzó a mujeres y menores, incluyendo violencia sexual y reclutamiento forzado de niños en zonas rurales.
El informe identifica el asesinato de la familia López Durán como el detonante de la escalada. Los enfrentamientos se concentraron inicialmente en el kilómetro 25 de Tibú y se expandieron a otros municipios, interrumpiendo pactos informales de no agresión y exacerbando disputas por el control del narcotráfico, señalado como motor principal del conflicto.
Lea también: (Procuraduría alerta a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos)
Entre los hechos más preocupantes, la Defensoría documentó 394 ataques con drones y explosivos entre abril de 2024 y diciembre de 2025, de los cuales 275 ocurrieron solo en 2025. Estas acciones provocaron la muerte de 24 miembros de la fuerza pública, 2 menores de edad y heridas a 43 civiles, además de 265 uniformados lesionados.
El municipio de Tibú se convirtió en el epicentro de la crisis. Durante la primera semana tras el estallido, 28.848 personas, cerca de la mitad de su población, quedaron confinadas, lo que generó desabastecimiento de alimentos y medicinas. La Defensoría señaló que la población tuvo que improvisar refugios dentro de sus viviendas para reducir riesgos.
El informe busca visibilizar las consecuencias humanitarias y recoger las voces de las comunidades afectadas, advirtiendo que, pese a una leve reducción de los picos de violencia, la situación sigue siendo motivo de “extrema preocupación”.
Otras noticias
Etiquetas
