Controversia en Medellín por concentración de Petro: denuncian uso de recursos públicos

La convocatoria a una concentración encabezada por el presidente de la República, Gustavo Petro, prevista para este sábado en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, ha generado un debate público en torno a los mecanismos de movilización empleados para reunir asistentes, así como sobre el uso de recursos estatales para la realización del evento.

Desde que se anunció la actividad, presentada inicialmente como un acto enmarcado en el denominado “Pacto por la Paz Urbana en Medellín” y más recientemente promovida como una “Fiesta por la Reforma Laboral”, diversos sectores políticos y sociales han expresado reparos por la manera en que se estaría organizando la logística del encuentro, incluyendo el posible uso de buses, refrigerios y apoyo financiero para convocar a habitantes de distintas comunas de la capital antioqueña.

El ambiente previo a la concentración comenzó a consolidarse el sábado 14 de junio, en coincidencia con las actividades de la denominada Marcha del Silencio, la cual congregó miles de personas en Medellín.

A partir de ese momento, dirigentes y colectivos afines al Pacto Histórico iniciaron una serie de anuncios sobre la preparación de la concentración en Medellín, que ha sido enmarcada como parte de una secuencia de movilizaciones promovidas por el Ejecutivo en varias ciudades del país.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el presidente Petro relató el contexto de convocatorias anteriores, incluyendo concentraciones en Barranquilla, Bogotá y Cali, asociadas a iniciativas gubernamentales como la Consulta Popular, actos de solidaridad tras atentados y marchas por la paz.

En esa misma publicación, el mandatario convocó a lo que denominó una movilización del “pueblo trabajador antioqueño”, de las “juventudes populares de las comunas” y del sector cultural, con el mensaje: “Si Antioquia cambia, cambia Colombia”.

La concentración, inicialmente convocada en el Parque de los Deseos, fue reubicada en la plazoleta de La Alpujarra, espacio público contiguo a la sede de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, dos entidades territoriales que han mantenido una posición crítica frente al Gobierno Nacional.

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A partir de esta modificación, se intensificaron los preparativos logísticos, incluyendo anuncios desde el Ministerio del Interior y coordinaciones entre el Ejecutivo y la administración distrital.

Sin embargo, en paralelo a la articulación oficial, comenzaron a circular en redes sociales y plataformas de mensajería múltiples audios y capturas de pantalla que exponen mensajes logísticos sobre la movilización de asistentes mediante buses provenientes de comunas específicas de Medellín.

Uno de los audios fue divulgado por el exconcejal Simón Molina, en el que se escucha a una mujer mencionando el traslado de personas desde las comunas 3, 6, 8, 10 y 13, así como la disposición de refrigerios y coordinadores para cada sector.

Frente a la controversia generada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que su administración fue contactada por el Ministerio del Interior con antelación para coordinar aspectos de seguridad y logística del evento, lo cual, según el mandatario local, fue atendido en cumplimiento del principio de neutralidad institucional.

No obstante, manifestó inconformidad con la naturaleza de la visita presidencial, señalando que mientras persisten múltiples solicitudes de articulación en temas de infraestructura, salud y seguridad, el presidente prioriza la participación en actos de índole política.

“El presidente puede visitar cualquier ciudad del país. Pero lo que preocupa es que venga a agitar el ambiente político y no a aportar en soluciones concretas para Medellín. Esa es la realidad”, sostuvo Gutiérrez.

Las tensiones aumentaron luego de que el concejal Alejandro De Bedout publicara un documento identificado como certificado de disponibilidad presupuestal, emitido por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.

Según el concejal, el documento correspondería a un contrato vigente en Antioquia por más de $2.682 millones de pesos, a través del convenio PCCA-05 de 2025, el cual incluiría recursos para “fortalecimiento comunitario”, “procesos territoriales” y “eventos pedagógicos”.

De Bedout planteó que tales rubros podrían estar siendo utilizados para cubrir costos logísticos de la movilización, incluyendo transporte, alimentación y operativos de presencia territorial.

“La pregunta que debe resolverse con urgencia es si estos recursos están siendo redirigidos para financiar un acto político”, expresó el concejal. También cuestionó si otras entidades regionales están recibiendo instrucciones para apoyar con recursos o personal institucional la logística del evento.

“¿Estamos ante una coincidencia o frente a una operación política encubierta mediante fondos públicos?”, concluyó.

Desde sectores opositores se ha cuestionado abiertamente la movilización promovida por el Gobierno Nacional. El exconcejal Molina sostuvo que el respaldo popular que exhibe el presidente en estos actos es producto de incentivos materiales. “Buses, refrigerios y lo que tengan que ofrecer. Su ‘tal respaldo popular’ es comprado”, publicó en sus redes sociales, junto con el audio de una presunta organizadora de la logística.

Por su parte, voceros del Ejecutivo han manifestado que el evento constituye una oportunidad para el diálogo ciudadano en torno a los retos que enfrentan las ciudades y para rendir homenaje a quienes promueven la paz y la equidad en el país.

Desde la oficina de comunicaciones de la Presidencia se ha insistido en que las movilizaciones hacen parte de una estrategia de pedagogía social sobre las reformas propuestas por el Gobierno.

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