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Corte Constitucional tumbó último de los decretos de emergencia en La Guajira
Razones del alto tribunal al tomar decisión.
La Corte Constitucional de Colombia ha invalidado el último decreto legislativo pendiente, el número 1267 de 2023, que formaba parte de un conjunto de 14 medidas impulsadas por el Gobierno Nacional en respuesta a la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Este decreto tenía como objetivo principal la adopción de medidas temporales para fomentar la reactivación del sector turístico en el mencionado departamento, ofreciendo, entre otras cosas, una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diversas actividades turísticas hasta el 31 de diciembre de 2030.
En detalle, el decreto pretendía eximir del IVA a los servicios con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo, incluyendo hoteles, hostales, centros vacacionales, opciones de glamping, viviendas turísticas y otros tipos de alojamientos, así como a las agencias de viajes.
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Además, buscaba excluir temporalmente el impuesto nacional al consumo en servicios de venta de comidas y bebidas en establecimientos como restaurantes, cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, tanto para consumo in situ como para llevar o entrega a domicilio.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, liderada por la magistrada Cristina Pardo, determinó que el decreto 1267 no mantenía una conexión adecuada con el decreto principal que establecía el estado de emergencia en La Guajira.
Según la Corte, existía una "absoluta ausencia de conexidad" entre el decreto que declaraba la emergencia y este último, particularmente en relación con la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria vinculada a la escasez de agua en la región.
Esta falta de conexión, según el alto tribunal, significaba que el decreto no cumplía con los requisitos materiales y formales necesarios para su validez, dado que no se demostró de manera adecuada cómo la medida contribuiría efectivamente a mitigar la crisis humanitaria en La Guajira.
Como resultado de esta decisión, se ha derogado la última medida del paquete de acciones promovido por el Gobierno para abordar la situación de emergencia en La Guajira, marcando un momento significativo en los esfuerzos de gestión de la crisis en la región.
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