De nuevo invaden predios privados: 118 incidentes dejan pérdidas por $14.500 millones y múltiples despidos

Se ha revelado que diversos terrenos privados ubicados en los municipios de Cajibío y Caloto, en el departamento del Cauca, han sido objeto de ocupaciones no autorizadas. Estas acciones han resultado en significativas pérdidas económicas y la reducción de empleos en la zona.

Gerardo Arroyo, Director Ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, informó que individuos no identificados, cubriendo sus rostros, tomaron posesión de dos propiedades en Cajibío, provocando daños en la agricultura y creando un ambiente de temor entre los trabajadores. 

Arroyo señaló específicamente a La Capilla, ocupada desde febrero de 2024, donde los intrusos han perturbado la tranquilidad local con explosivos de manera continua. 

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Además, otro terreno llamado La Unión ha sido invadido desde el 20 de junio de 2024 por un grupo de cerca de 30 personas, quienes han arrasado con cultivos de plátano y yuca, además de estructuras en el sitio.

Similarmente, en la finca Los Guaduales, también en Cajibío, se ha reportado una invasión que comenzó el 24 de junio de 2024, incidente que ha llevado a la pérdida de 120 puestos de trabajo. 

Arroyo añadió que desde el año 2021 se han contabilizado pérdidas económicas aproximadas a $14.500 millones en 118 incidentes, atribuidos a ciertos grupos indígenas y campesinos, lo cual ha impactado negativamente el progreso regional, afectando principalmente a los sectores menos favorecidos.

En otro caso, en el predio El Chimán, en el municipio de Guachené, se han registrado enfrentamientos entre comunidades afrodescendientes e indígenas por el control de áreas cultivadas con caña de azúcar.

Ante esta situación, Arroyo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y asegure la protección de la propiedad privada, un derecho amparado por la ley según el artículo 51 de la Constitución. 

Además, ha solicitado que se brinden las condiciones necesarias para que las empresas afectadas puedan continuar con sus operaciones comerciales y se garantice el empleo de quienes trabajan en estos predios.

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