Procuraduría abre investigación por presuntas irregularidades en chips de control para privados de la libertad

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Sergio Alejandro Caballero Baute, representante legal del Consorcio Intervigilancia, interventor de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de chips electrónicos utilizados para el control de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, las anomalías se relacionan con posibles cobros por dispositivos de monitoreo que habrían estado inactivos, pese a ser empleados en casos de detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Esta situación podría haber generado un detrimento patrimonial superior a 14 mil millones de pesos.

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Adicionalmente, el ente de control investiga deficiencias en el servicio de mantenimiento de los localizadores, pues al parecer presentaban fallas en la capacidad de carga de la batería, incumpliendo las condiciones técnicas establecidas en el contrato.

El Ministerio Público busca determinar si estas irregularidades fueron consecuencia de fallas en el seguimiento y control de las labores de la interventoría y supervisión, y establecer las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

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