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Procuraduría vigila transición en operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
El ente de control pidió a la Aerocivil un informe detallado sobre las medidas para garantizar la continuidad del servicio tras el fin del contrato con Aerocali.

La Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta seguimiento preventivo a la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, cuya administración quedó en manos de la Aeronáutica Civil luego de finalizar el contrato de concesión con Aerocali S.A.
A través de la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el ente de control solicitó a la Aerocivil un informe con los detalles de la transición y el cambio de operador, con el fin de evitar posibles afectaciones en la prestación de los servicios aeroportuarios.
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El requerimiento incluye la entrega de información sobre los contratos de transición que aseguren la continuidad de la operación, la ejecución del presupuesto proyectado en más de $90.000 millones para 2026 y los planes de contingencia en caso de retrasos en la adjudicación de la nueva concesión, actualmente en curso por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Procuraduría recalcó la importancia de garantizar la eficiencia, seguridad y continuidad del transporte aéreo, además de la transparencia en los procesos de contratación pública y la adecuada atención a los usuarios del aeropuerto vallecaucano.
Para garantizar la continuidad y seguridad del servicio aeroportuario, la Aerocivil anunció una inversión inicial de $59.877 millones durante los primeros ocho meses de operación. Además, proyecta una inversión de hasta $90.000 millones, en caso de que deba operar la terminal durante 11 meses.
El plan integral contempla aspectos administrativos, financieros, jurídicos, de infraestructura y servicios aeroportuarios, además de un organigrama operativo con procesos definidos para gestión humana, tecnología, comunicaciones y mantenimiento.
Dentro de las acciones previstas, se incluyen mantenimientos en la infraestructura existente, como terminales y pista, para garantizar que el aeropuerto mantenga los estándares de calidad y seguridad requeridos para el transporte aéreo de pasajeros y carga.
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