Tras riña en cárcel La Dorada, Inpec trasladó a Digno Palomino y a cabecillas de estructuras criminales

Tras una riña ocurrida en la cárcel de La Dorada, en Caldas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado de Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, considerados cabecillas de las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños. La confrontación entre internos encendió las alarmas por posibles nuevas disputas dentro del penal.

El altercado, registrado el 20 de junio, involucró directamente a Palomino, quien fue enviado a la cárcel de alta seguridad de Picaleña, en Ibagué. Este establecimiento cuenta con medidas reforzadas de control, y ahora aloja a una de las figuras más visibles del crimen organizado en la región Caribe. Palomino fue capturado en Venezuela en 2022 y deportado a Colombia por cargos relacionados con narcotráfico y homicidios.

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Paralelamente, otros miembros de Los Costeños que habrían participado en los enfrentamientos, como alias Otón y Junior Guerra, fueron trasladados al centro penitenciario de Tramacúa, en Valledupar. Según el Inpec, los traslados buscan frenar la reorganización de estas estructuras al interior de los penales y evitar nuevos brotes de violencia.

El traslado de Díaz Collazos, alias “Castor”, también a Picaleña, responde al interés de aislar a los principales jefes de bandas con presencia en Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico. Su organización ha estado involucrada en enfrentamientos por el control de rutas del narcotráfico y redes de extorsión.

Las autoridades penitenciarias anunciaron el refuerzo de medidas de vigilancia, incluyendo control de comunicaciones, monitoreo constante y restricción de movimientos. Estas acciones buscan evitar que los detenidos sigan operando desde los centros de reclusión.

En paralelo, el Gobierno nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, adelanta gestiones para iniciar acercamientos con estructuras criminales dentro del marco de la política de “Paz Total”. Sin embargo, las autoridades locales advierten que, pese a la reducción en homicidios, persisten delitos como la extorsión y la amenaza a comerciantes.

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