Acemi advierte que decreto de nuevo modelo de salud es inconstitucional

El Decreto 0858 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia, enfrenta una fuerte polémica.

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió que la medida es, en la práctica, una “implementación anticipada de la reforma a la salud 2.0” y presenta “grandes problemas de constitucionalidad”. Según la dirigente gremial, el Gobierno está modificando el modelo de aseguramiento establecido por la ley mediante un decreto, lo que vulneraría el principio jurídico de que “lo que se hace por ley, se cambia por ley”.

El nuevo modelo redefine el papel de las EPS, quitándoles el manejo financiero y asignando la gestión de recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Aunque las EPS conservarán 24 funciones administrativas, Vesga alertó que “siguen siendo responsables del usuario, pero sin herramientas para hacerlo”.

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La norma también otorga mayor protagonismo a las entidades territoriales en la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y establece que todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Las ARL también amplían su papel en prevención y coordinación en el primer nivel de atención.

Para Acemi, esta reorganización se hace “con los mismos recursos insuficientes” que ya tiene el sistema, en un contexto donde la siniestralidad supera el 110 %, según cifras de la Contraloría y la Corte Constitucional. La presidenta del gremio advirtió que la implementación puede agravar la crisis de atención a pacientes y anticipó que el sector estudia acciones judiciales por ilegalidad e inconstitucionalidad.

“Este decreto no resuelve los problemas actuales, sino que genera mayor incertidumbre y hace más crítica la atención para los usuarios”, afirmó Vesga, quien calificó la medida como un cambio estructural adoptado “por la vía reglamentaria” y sin el consenso legislativo necesario.

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