Caso Saludcoop: Carlos Palacino y Javier Sabogal condenados nuevamente por tres delitos

La justicia ha emitido un veredicto categórico en un caso de corrupción que ha sacudido al sistema de salud del país. La juez 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ha declarado culpables a Carlos Palacino, expresidente de Salucoop, y a Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la extinta EPS, por su participación en un entramado de recobros fraudulentos al Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga).

La sentencia, que marca la segunda condena para Palacino en menos de un mes, respalda la teoría presentada por la Fiscalía General de la Nación y los encuentra responsables de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La juez ha ordenado de manera inmediata la captura de ambos implicados.

El caso gira en torno a la generación de pérdidas estimadas en $14.000 millones en el sector de la salud debido a la manipulación y desvío de recursos. Esta segunda sentencia condenatoria se produce poco después de que el Tribunal Superior de Bogotá redujera la condena previamente impuesta a Palacino por su papel en la defraudación del sistema de salud.

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En esta instancia, se ha determinado que Palacino deberá pagar al Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) una suma que asciende a más de $112.000 millones, mientras que su condena de prisión se ha fijado en nueve años, en contraste con la decisión inicial en abril de 2022.

El expresidente de Saludcoop ha sido hallado culpable de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado, y el fallo también modifica los términos de la condena anterior para reflejar estas nuevas disposiciones. En particular, se establece que deberá indemnizar al ADRES con la mencionada cifra debidamente indexada.

Este veredicto marca un hito en un proceso legal que ha durado varios años y que ha revelado una trama de apropiación indebida de los recursos destinados al sistema de salud, los cuales fueron utilizados para inversiones personales, la adquisición de propiedades y vehículos, generando un desfalco que se estima en $398.000 millones, abarcando el período entre los años 2000 y 2004. 

La decisión de la justicia envía un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos y la determinación en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud.

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