Coosalud pide rectificación a Petro tras señalamientos; el presidente se niega a hacerlo

La Junta Directiva de Coosalud EPS solicitó al presidente Gustavo Petro que rectifique las acusaciones realizadas en un trino publicado en la red social X, donde señala un presunto desvío de más de 200 mil millones de pesos en la EPS. Sin embargo, el mandatario afirmó que no tiene motivos para retractarse.  

Las declaraciones de Petro surgieron tras un informe de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que reveló presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de crédito entre el banco GNB Sudameris y Coosalud Inversa S.A., en el que Coosalud EPS actuaba como garante.  

La Junta Directiva de la EPS rechazó las acusaciones, calificándolas de "injuriosas y calumniosas". En una carta dirigida al presidente, aseguraron que los señalamientos no corresponden a la realidad y que los procesos mencionados se realizaron conforme al marco legal.  

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“No existe decisión alguna de esta Junta Directiva que autorice el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) distinto al porcentaje de administración. La operación de crédito estaba respaldada por ingresos cedidos de las IPS del grupo cooperativo Coosalud, no por recursos destinados a la salud de los afiliados”, enfatizaron los directivos.  

Además, recalcaron que ningún peso de los fondos destinados a la salud de los colombianos fue utilizado como garantía del contrato. Por ello, exigieron una rectificación pública por parte del presidente.  

Petro mantiene su postura
En respuesta, Petro reiteró este domingo que no se retractará y pidió que las irregularidades en la EPS sean investigadas penalmente. “Un banco tomó $221.000 millones del erario destinados a la salud de los afiliados de Coosalud, que el gerente puso irregularmente como fianza. Esos dineros terminaron en manos de una empresa particular”, afirmó el mandatario.  

El presidente agregó que solicitará a la Agencia Jurídica del Estado asumir la defensa del interés público y de los afiliados, señalando que “la justicia penal debe determinar si los miembros de la Junta Directiva son responsables, sin importar sus conexiones políticas o familiares”.  

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