Gerente del hospital San Rafael de Itagüí denuncia colapso financiero, falta de pagos tras llorar desconsolado

La crisis del sistema de salud en Antioquia, que desde hace varios años se manifiesta en forma de deudas acumuladas, demoras en la atención médica, desabastecimiento de insumos y problemas estructurales en la red pública hospitalaria, ha alcanzado un nuevo punto crítico con las declaraciones del gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto.

Durante una rueda de prensa convocada por la Secretaría de Salud de Antioquia el jueves pasado, el directivo se quebró en público al exponer las condiciones económicas en las que opera la institución y el impacto directo que esto ha tenido sobre el personal médico y asistencial.

En medio de la reunión, en la que también participaron otros gerentes hospitalarios del departamento y organizaciones de usuarios, se reveló que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) adeudan más de 8 billones de pesos a hospitales públicos y privados de Antioquia.

La situación financiera afecta de manera particular al hospital San Rafael, que desde agosto de 2025 no ha podido cumplir con los pagos salariales de sus empleados.

El gerente informó que enfermeros, médicos y personal administrativo no han recibido remuneración durante los últimos meses, lo cual ha obligado a varios trabajadores a recurrir a préstamos diarios para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte.

Arroyave indicó que el nivel de precariedad ha llevado a algunos empleados a sufrir desmayos por falta de alimento, y que incluso él mismo ha tenido que destinar recursos personales para adquirir elementos básicos de uso hospitalario como guantes, jeringas y gasas.

Según su testimonio, el hospital se encuentra operando con recursos limitados, mientras las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, en particular Nueva EPS y Savia Salud, acumulan deudas que comprometen gravemente la estabilidad operativa del centro asistencial.

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La situación del hospital San Rafael fue expuesta días antes por familiares de pacientes, entre ellos la nieta de una adulta mayor que sufrió una fractura de fémur y que, según su denuncia, llevaba varios días sin recibir la cirugía requerida.

La joven compartió imágenes de los pasillos del hospital saturados de pacientes en sillas, en camillas improvisadas y sin atención oportuna.

Según sus declaraciones, personal del hospital le habría sugerido buscar otra institución, ya que el centro carecía de especialistas e insumos necesarios para el procedimiento.

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El gerente confirmó que la institución enfrenta desabastecimiento generalizado, y explicó que a pesar de un apoyo financiero recibido en el pasado reciente por parte de la Gobernación de Antioquia, el panorama se deterioró nuevamente en 2025 debido al incumplimiento sistemático de pagos por parte de las EPS bajo control del Ejecutivo.

En el caso específico de Savia Salud, Arroyave detalló que de una facturación cercana a los 2.500 millones de pesos, la entidad apenas ha transferido 1.000 millones, lo que ha impedido cumplir con compromisos contractuales mínimos como los pagos de nómina.

Las declaraciones del gerente incluyeron una crítica directa al modelo financiero vigente del sistema de salud, al que atribuyó buena parte de los problemas actuales.

Denunció que las aseguradoras no giran los recursos adeudados porque no cuentan con autorización del Gobierno Nacional, mientras que los proveedores se niegan a despachar productos por falta de pagos.

Esta parálisis financiera, sostuvo, ha derivado en acciones judiciales contra su persona por parte de pacientes o familiares que exigen atención mediante tutelas, sin que el hospital cuente con los recursos para cumplir los fallos.

Arroyave insistió en que las condiciones laborales del personal de salud no pueden seguir siendo ignoradas en medio del debate nacional sobre la reforma al sistema, y aseguró que mientras la opinión pública se concentra en los retrasos o dificultades en la atención a los pacientes, no se ha dado suficiente visibilidad a los padecimientos de quienes trabajan en estas instituciones bajo condiciones que calificó como insostenibles.

Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Antioquia, del total de la deuda hospitalaria en el departamento, estimada en 8 billones de pesos a septiembre de 2025, cerca de 4,9 billones corresponden a tres EPS que están bajo intervención estatal: Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud. De ese monto, Nueva EPS representa 3,1 billones, Savia Salud 1,4 billones y Coosalud alrededor de 395.000 millones.

La carga financiera afecta tanto a hospitales privados como públicos, siendo estos últimos responsables de alrededor de 2 billones de la deuda total.

El gerente del hospital San Rafael advirtió que, dada la composición de su población afiliada —con un 90 % de usuarios cubiertos por Nueva EPS y Savia Salud—, cualquier desfinanciamiento o retardo en los pagos de estas entidades representa una amenaza directa a la sostenibilidad del hospital.

Subrayó que la red pública está siendo empujada al colapso y que las instituciones se ven hoy obligadas a operar "con las uñas", sin respaldo del sistema financiero, bloqueadas por la banca por figurar como morosas, y sin capacidad para responder a sus responsabilidades básicas.

Frente a este escenario, el funcionario reiteró que la situación amerita un pronunciamiento urgente por parte del Gobierno Nacional y medidas concretas que permitan superar el estrangulamiento financiero de la red hospitalaria pública.

La denuncia de Arroyave fue replicada en redes sociales y medios de comunicación, generando reacciones de distintos sectores del país y reavivando el debate sobre la viabilidad del sistema de salud actual, sus mecanismos de financiación y la gestión estatal de las EPS intervenidas.

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