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“Los ricos también lloran”: ministro de Salud Jaramillo responde a gerente del hospital de Itagüí ante crisis
El funcionario desata polémica por sus apreciaciones.
La crisis financiera del hospital San Rafael de Itagüí, expuesta por su gerente Luis Fernando Arroyave en una rueda de prensa convocada por la Secretaría de Salud de Antioquia, generó una nueva controversia nacional tras la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
En Caracol Radio, el funcionario se refirió al drama denunciado por el gerente con una frase que provocó fuertes reacciones: “Los ricos también lloran”.
Durante su intervención, Jaramillo sostuvo que el colapso financiero del hospital San Rafael no se debe a la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional, sino a problemas históricos de administración y manejo político.
Según explicó, este hospital de carácter departamental, a diferencia del hospital del Sur de Itagüí —de competencia municipal—, habría sido víctima de prácticas de “politiquería” que comprometen su sostenibilidad operativa.
El ministro afirmó que “uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración”, y reiteró que la situación del hospital no puede achacarse exclusivamente al Gobierno, ya que los recursos han sido girados a las EPS y se han incrementado mediante ajustes como el aumento del 16,49 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Jaramillo también señaló que el contraste entre el San Rafael y el hospital del Sur evidencia diferencias sustanciales en el manejo interno: “Ustedes pueden ver las dos caras en el mismo municipio. Un hospital bien manejado y otro que ha sido destruido varias veces por la politiquería”, aseguró.
Añadió que los responsables directos de la administración de recursos son los interventores designados en las EPS, y que corresponde a ellos garantizar que los pagos se realicen en tiempo y forma a los hospitales.
La declaración del ministro se produjo en respuesta al testimonio público del gerente del hospital San Rafael, quien días antes había manifestado entre lágrimas la gravedad del panorama.
Arroyave denunció que alrededor de 400 trabajadores del hospital, incluidos médicos y personal de enfermería, llevan entre cuatro y seis meses sin recibir salario, lo que ha obligado a muchos de ellos a recurrir a créditos diarios para subsistir.
Según sus cifras, la institución enfrenta una deuda acumulada cercana a los 27.000 millones de pesos por parte de diversas EPS, de los cuales más de 8.830 millones corresponden a la Nueva EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional.
En respuesta directa a las afirmaciones del ministro, Arroyave negó pertenecer a cualquier grupo político o formar parte de redes clientelistas. Recordó que asumió la dirección del hospital apenas en octubre del año anterior, cuando ya se encontraban acumuladas deudas salariales de hasta siete meses.
Aclaró que su llanto no se debe a una situación personal: “No soy rico ni estoy llorando por mí. Lloro por ver a una madre cabeza de familia que lleva cuatro meses sin recibir su salario”.
El gerente reiteró que los médicos especialistas del hospital han continuado prestando servicios sin pago alguno desde hace medio año. “Tengo especialistas que llevan más de seis meses sin recibir su paga y aun así siguen trabajando, poniéndole el pecho a la situación”, dijo.
También recordó que, en varios momentos, ha tenido que destinar recursos propios para adquirir elementos básicos como guantes o gasas, ante el desabastecimiento generalizado derivado del impago de las EPS.
Las declaraciones de ambos funcionarios reavivaron el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud en el país, especialmente en Antioquia, donde según la Secretaría de Salud departamental, las deudas acumuladas de las EPS a hospitales públicos y privados superan los 8 billones de pesos.
De ese monto, más de 4,9 billones corresponderían a tres EPS intervenidas por el Gobierno: Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud. La deuda de la red privada supera los 6 billones, mientras que la de la red pública asciende a 2 billones.
En medio de ese escenario, el hospital San Rafael se ha convertido en símbolo del deterioro financiero de la red hospitalaria pública.
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