Polémica: Gobierno presenta nuevo protocolo para consumo de drogas en público

El ministerio de Justicia ha emitido recientemente un nuevo protocolo con el fin de orientar a las autoridades locales en la implementación de restricciones al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. 

Esta medida surge como respuesta a un mandato de la Corte Constitucional y busca proporcionar una guía clara para las administraciones locales en todo el país.

El protocolo establece que las restricciones deben considerar aspectos de salud pública y derechos humanos, enfatizando la no discriminación hacia personas que consumen estas sustancias. 

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Además, distingue entre el porte de dosis para uso personal y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, señalando que no se aplicarán sanciones en casos de porte de dosis personales o para fines médicos.

El protocolo sugiere cuatro criterios principales para la aplicación de medidas correctivas: el lugar donde se realiza el consumo, especialmente en áreas cercanas a centros educativos o espacios declarados de interés cultural; el momento del día, priorizando horarios en los que es probable la presencia de niños y adolescentes.

Además las circunstancias específicas de la conducta, considerando la presencia de menores, el tipo de conducta (porte o consumo), y la condición sociocultural y de vulnerabilidad del consumidor; y la promoción de medidas preventivas y pedagógicas, especialmente en casos de personas en riesgo o con trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

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Este protocolo representa un esfuerzo integral del Estado colombiano para abordar el consumo de drogas en espacios públicos, enfocándose en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y la implementación de un enfoque de salud pública y derechos humanos. 

La aplicación del protocolo queda a discreción de cada mandatario local, permitiendo adaptar las medidas a las circunstancias específicas de cada región. 

Con un costo estimado de $568 billones para el Estado en la guerra contra las drogas en los últimos 20 años, y sin una reducción en el consumo, este protocolo busca ofrecer un camino más efectivo y humano para abordar el complejo desafío del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia.

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