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Supersalud destapa presuntas irregularidades financieras por $206.000 millones en Coosalud

La entidad asegura que los recursos de la salud podrían haber sido desviados hacia empresas relacionadas con directivos y familiares.

Supersalud Rubiano
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 06/12/2024 - 15:37 Créditos: Red social X @Supersalud / Superintendente de Salud Giovanny Rubiano

El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano, reveló graves hallazgos tras la intervención de la EPS Coosalud, que apuntan a presuntas operaciones financieras prohibidas y posibles actos de favorecimiento a sociedades relacionadas con familiares de sus directivos.

Uno de los principales descubrimientos es un contrato de crédito firmado en diciembre de 2022 entre el Banco GNB Sudameris S.A. y Coosalud Inversa S.A., en el que la EPS Coosalud figura como garante. 

En noviembre de 2024, el banco declaró el incumplimiento del crédito, cuyo monto total ascendía a más de $221.000 millones, incluyendo capital e intereses. Ante esto, se transfirieron $206.000 millones desde fideicomisos vinculados a Coosalud para cubrir la deuda.

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La Supersalud también identificó un aparente conflicto de interés: Jaime González, quien firmó el contrato como representante legal de Coosalud EPS, simultáneamente ocupaba el mismo cargo en la empresa deudora, Coosalud Inversa S.A.

Adicionalmente, se denunció una presunta desviación de recursos de la salud a través de pagos significativos a Red Medihos S.A.S., empresa cuyo único accionista es Jaime González Díaz, hijo del entonces representante legal de la EPS. 

Asimismo, en agosto de 2023, se suscribió un contrato de coworking entre Coosalud EPS y Coosalud Inversa, ambas bajo la representación de Jaime González en diferentes momentos.

El superintendente Rubiano aseguró que estos hallazgos ya fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control para garantizar que "ni un solo peso se desvíe". Las investigaciones continúan para determinar la magnitud de las irregularidades y las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.

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