Contraloría alerta por deudas que superan los $8,3 billones a universidades públicas

Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación financiera de las principales universidades públicas del país. El organismo de control reveló que tres instituciones —la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle— acumulan pasivos pensionales por más de $8,3 billones, un panorama que amenaza con socavar la sostenibilidad de la educación superior pública en Colombia si no se toman correctivos inmediatos.

El caso más crítico es el de la Universidad Nacional, cuyo pasivo pensional alcanza los $4,5 billones. Según la Contraloría, estos montos se derivan de cálculos actuariales que, en algunos casos, no han sido actualizados adecuadamente, pues ciertas universidades continúan utilizando bases de datos con una antigüedad superior a diez años. La entidad enfatizó la necesidad de actualizar estos cálculos y de garantizar la concurrencia efectiva de recursos por parte del Gobierno Nacional para cubrir las obligaciones con los pensionados.

Además del problema pensional, el informe detalla serias dificultades para sostener el régimen salarial y prestacional de los docentes, establecido en el decreto 1279 de 2002. Este modelo permite que los profesores acumulen puntos salariales por productividad académica, lo cual ha generado un aumento sostenido de los costos. 

Por ejemplo, la Universidad de Antioquia reportó un incremento del 76% en el valor anual de estos puntos entre 2017 y 2024, pasando de $10.364 millones a $18.239 millones. Sin embargo, la Nación no ha asignado recursos específicos para cubrir estos incrementos, y los fondos adicionales girados en los últimos años han sido destinados a planes de cobertura con fines específicos, lo que agrava el déficit operativo de las instituciones.

La política de gratuidad en la matrícula también enfrenta incertidumbre. Aunque el programa busca garantizar el acceso a la educación superior, su implementación mediante el Decreto 2271 de 2023 ha cambiado el esquema de financiamiento: actualmente, las universidades reciben un primer giro del 80% al inicio del semestre y el restante 20% tras una validación del Ministerio de Educación. 

No obstante, la Contraloría advirtió que este primer desembolso, en la práctica, suele llegar después de comenzado el calendario académico, lo que genera tensiones de liquidez. En 2024, además, los giros estuvieron condicionados por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y procesos administrativos del Ministerio de Educación, provocando fraccionamientos y demoras.

Otro frente crítico es el de la formalización laboral. De acuerdo con la Contraloría, el Decreto 391 de 2025, que busca avanzar en la formalización de los empleados de las universidades públicas, requerirá un aumento en la base presupuestal del sistema estimado en $2,9 billones. Este nuevo compromiso, sin fuentes de financiación claras, podría desbalancear aún más las cuentas de las instituciones educativas.

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La falta de inversión en infraestructura física y tecnológica también fue señalada como una deuda histórica del Estado con las universidades públicas. Un caso ilustrativo es el de la Universidad Nacional, que necesita $1,4 billones para modernizar sus instalaciones y continuar ofreciendo servicios educativos de calidad. Esta situación pone en entredicho la capacidad de las universidades para responder a las demandas de formación e innovación del país.

Ante este panorama, la Contraloría concluyó que es urgente modificar el modelo de financiación vigente, contemplado en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, cuya reforma está en trámite en el Congreso. Mientras se concretan los ajustes legislativos, el organismo de control instó al Gobierno a garantizar giros oportunos y crecientes para enfrentar el desfinanciamiento estructural del sistema universitario público.

“Es indispensable reconocer la complejidad y particularidades de cada institución de educación superior. Los recursos deben ser suficientes y estables para garantizar el cumplimiento de sus funciones misionales y asegurar su sostenibilidad en el tiempo”, afirmó el organismo.

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