Contratan a Universidad Nacional para hacer exámenes, lo hace mal y genera detrimento patrimonial

En desarrollo de una Auditoría Financiera efectuada a la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia 2022, la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por $2.934 millones en relación al contrato interadministrativo 96 de 2018, con el cual esta institución se comprometió con el Consejo Superior de la Judicatura a realizar las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias, y/o aptitudes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Esta prueba, realizada el 2 de diciembre de 2018, fue desestimada por errores técnicos atribuibles a la dirección del proyecto por parte de la Universidad, que tuvo que practicar una nueva con cargo a recursos propios, gasto que se constituye en detrimento al patrimonio público por el valor señalado en total $2.934 millones.

La información recogida por la Contraloría permitió establecer que este segundo examen exigió recursos de la Universidad Nacional de Colombia por valor de $1.700 millones para la vigencia 2021 y de $1.234 millones para la vigencia 2022 sumando así un total de $2.934 millones.

Como resultado de la Auditoría Financiera a la institución adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se determinaron en total 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen presunta incidencia disciplinaria, 1 para solicitud de indagación preliminar y 1 con alcance fiscal.

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Los detalles de la ejecución de este convenio son los siguientes:
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, dispuso adelantar un proceso de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Luego de las inscripciones, se aplicaron las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica, el 2 de diciembre de 2018.

El 28 de diciembre de 2018 la Unidad Administrativa de Carrera Judicial UACJ del CSJ publicó los resultados finales obtenidos por los aspirantes en las pruebas de aptitudes y conocimientos por medio de la Resolución CJR18-559.

Posteriormente la universidad evidenció que: “...en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados”.

En vista de esto, mediante la Resolución CJR19-0679, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) decidió “...corregir la actuación administrativa a partir de la incorporación de la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimiento”.

Finalmente, el 24 de julio de 2022 se realizó nuevamente la aplicación de las pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas, que fue pagada con recursos propios de la Universidad y a la fecha los cargos no han podido proveerse en propiedad.

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