Los 20 reparos clave del sector y los expertos a la Reforma a la Salud

El lunes 13 de febrero, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho hicieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la presentación simbólica del proyecto de ley de Reforma a la Salud.

Se trata de una iniciativa de 152 artículos que tiene como principios fundamentales, la universalidad del servicio, el sistema preventivo y predictivo, y la salud territorializada para las familias.

A ello se suma, el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, la liquidación o cambio de rol de las EPS y el reforzamiento de la Nueva EPS para cubrir el aseguramiento en salud en todo el país.

Con un modelo mixto de funcionamiento en que los Centros de Atención Primaria, CAP, se integren con toda la cadena de servicios del sector, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, la expedición un manual tarifario y el acompañamiento de una comisión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el gobierno radicó la reforma oficialmente la iniciativa.

Desde entonces han pasado dos semanas y el debate está en furor con una balanza mayoritariamente inclinada a que son más las sombras del proyecto que las luces.

Esto derivado de los conceptos de asociaciones médicas, la academia a través de universidades y centros de pensamiento, gremios de la producción, organismos internacionales, asociaciones de usuarios y pacientes, congresistas de diferentes partidos y diversos profesionales, entre otros, vinculados al sector salud.

Tras casi 15 días de discusión en diversos escenarios, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, recopiló los 20 aspectos clave que en consideración de todos los sectores y expertos son negativos y que argumentan son relevantes a la hora de iniciar la discusión de la Reforma en el Congreso que comenzará la próxima semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

1. La Reforma debe tramitarse como Ley Estatutaria no ordinaria. La razón, es que varios artículos modifican explícitamente la Ley 715 de 2002 que es orgánica. Además porque se trata de un derecho fundamental como lo es la salud. En curso hay varias tutelas para resolver el asunto. 

2. Se cambia el núcleo del sistema en cuanto a gobernanza, vigilancia, aseguramiento, coberturas, financiamiento y prestación.

3. Desaparición del rol de gestores farmacéuticos, más de 15.000 droguerías, que, además podrían ser autorizadas como “móviles”, lo cual hoy no existe en la norma y así poder llevar medicamentos a la Colombia profunda como pasó en pandemia. La distribución de medicamentos queda en manos exclusivamente de CAPS e IPS, que no tienen la capacidad técnica  para manejar y conservar las medicinas. O en cuanto a la dispensación ambulatoria sobre todo en caso de medicamentos sujetos a cadena de frio, vitales no disponibles, preparaciones magistrales, y dispensación ex post para pacientes crónicos que no pueden llevarse medicación desde la IPS tratante.

4. Compras centralizadas: la reforma  no precisan que entidad será la encargada de hacer las compras. No obstante, según los expertos, además de lo que debería hablarse es de “negociación centralizada”, en beneficio de todos los actores del sistema. El “comprar” le implicaría al Ministerio de Salud, la recepción técnica, almacenamiento y logística de distribución del producto, para lo cual, no tiene capacidades.

5. Pérdida de derechos para los usuarios:  Libertad de elección, portabilidad y cobertura nacional. El empadronamiento no podrá garantizar este acceso con la velocidad que se surte el tránsito de los nacionales por los territorios. Un ejemplo, solamente el desplazamiento diario de Soacha como lugar de residencia a Chapinero como lugar de trabajo ya en sí mismo genera una vulneración al derecho que hoy tiene el ciudadano en su actual sistema. 

6. Imposibilidad de control y racionalidad del gasto.  El modelo propuesto de Comités Médicos en ausencia de procesos de auditoría concurrente, se surte sobre hechos y decisiones médicas consumadas que ya generaron un impacto en el gasto. Preguntan varios gremios y asociaciones ¿Se cuestionará el examen, el procedimiento o el medicamento consumidos y no existirá control ex ante?.

 
7. Viabilidad fiscal: El impacto económico no tiene una financiación prevista: Cada Centro de Atención Primaria, CAP costará en promedio $3.400 millones. Según estudio financiero gremial la reforma cuesta cerca de $28 billones, cerca de dos reformas tributarias, dinero que no se sabe de dónde saldrá.

8. Imposibilidad de adoptar un sistema único de información en un año. El actual se ha construido a lo largo de 30 años. Precisan los expertos que no parece posible que en un año se logre crear e implementar un nuevo sistema único de salud que contenga todas las variables, máxime teniendo en cuenta la consideración de información en “tiempo real” que tiene impactos incalculables en costo.  Precisan que una es la interoperabilidad y otra es la información en “tiempo real”.  Este último concepto implica canales dedicados con una robustez y velocidades impagables además del enorme riesgo de control de ciberataques y demás.

9. Tanto asociaciones, gremios y profesionales de la salud cuestionan que no se habla de un plan único o mínimo de salud nacional ni de una per cápita nacional. Se menciona en el proyecto de planes territoriales de salud y por ende la per cápita será territorial sin que se defina mecanismo de fijación. El actual plan de beneficios en salud, PBS por región sin que haya un mínimo definido lo deja al vaivén del político de turno. ¿Y si un usuario se enferma en un territorio de alguna patología que no esté cubierta por su plan territorial, cual será la opción?, aseguran los especialistas en el tema, la reforma en ninguno de sus 152 artículos lo contempla específicamente.

10. Evidencian que habrá un detrimento fiscal al capitalizar la Nueva EPS, para alcanzar la mayoría accionaria para luego liquidarla.

11. En cuanto a las dos cuentas de funcionamiento de la Adres en la reforma faltó la principal: de la cual se pagan los servicios de salud de mediana y alta complejidad a IPS publicas y privadas. Se menciona escuetamente en la reforma pero no se precisan sus roles, siendo clave para el funcionamiento adecuado del nuevo sistema.

 
12. Con la propuesta de crear siete redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios, se advierte riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención a los usuarios.

 
13. La reforma no precisa quien tramitará y pagará las incapacidades laborales y licencias, e indica diferentes usos para el fondo. Dice que las Eps que sobrevivan “podrán” ofrecer ese servicio de pago, pero no define el actor que las tramitará ni el cómo las pagará.

 
14. Desaparecen los planes de ambulancias prepagadas, hoy en día llamados SAP, y también los planes complementarios sin que se diga qué va a pasar con sus afiliados vigentes.
 

15. Hay multiplicidad de organismos colectivos nacionales, territoriales y regionales que derivarán en burocracia y costos. Aseguran los expertos que muchos de ellos con repetición de funciones, que entorpecerán decisiones e implicaran un millonario gasto pues ganarán honorarios. Esa proliferación de entidades con funciones superpuestas: 3 nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de 3 ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a 6 entidades por cada territorio más de 60 que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades, por lo que no solo advierten colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, de cooptación política regional y desvío de recursos.

16. Regulación total de precios de tecnologías que desincentivara la calidad, pues no se involucra el resultado., Por ejemplo en medicamentos existen los acuerdos de riesgo compartido, y contratos de cápita. Señalan los críticos de la reforma que debería hablarse de metodología para modulación de precios de los contratos de tecnologías en salud, para no excluir ningún tipo de contrato.

 
17. Los servicios de Administradora de Riesgos Profesionales, ARL, que eran prestados por EPS y recobrados a ARL, no hay quien los preste, pues el proyecto omite cualquier mención al respecto.

 
18. No desaparecen autorizaciones para servicios y productos de mediana y alta complejidad y por el contrario se crea una barrera de acceso para cuando se requieren tecnologías de estas complejidades, que no sean ordenadas por los Centros de Atención Primaria, CAP.

19. Tanto gremios, asociaciones y especialistas, entre otros, aseguran que si bien están de acuerdo con el giro directo de recursos a la Adres, a los prestadores y proveedores, esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones. A ello se suma que de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS,  se requeriría un adicional de 31.000 funcionarios, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a la salud.

20. Los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territorial, Emit, propuestos. Aún cuando empezaran a formarse ya hoy en universidades regionales, esto tardaría más de 7 años. Además, para quienes están en proceso de formación como especialistas, su desplazamiento a zonas periféricas con este fin no consulta los objetivos del sistema nacional de residencias médicas y la autonomía universitaria, dado que las prácticas formativas en lugares sin infraestructura, ni supervisión docente, no son convenientes; tampoco se explican las condiciones académicas, de remuneración, bienestar y de seguridad.

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