Proceso contra exsecretaria de Educación de Medellín por fallas en contrato de alimentación

La exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, ha sido objeto de un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación, debido a presuntas irregularidades en el contrato de alimentación firmado con la corporación Colombia Avanza para el programa Buen Comienzo.

La investigación de la Procuraduría ha encontrado evidencia suficiente para formular cargos contra Agudelo y otras funcionarias, como Lina María Gil Zapata y Vivian Cecilia Puerta, por haber transgredido los principios de objetividad y transparencia durante la estructuración y la firma de ese contrato. 

Además, la exfuncionaria está siendo investigada por la Fiscalía por los delitos de interés indebidos en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales,

Según el auto de la Procuraduría, la primera denuncia fue interpuesta por la Veeduría Todos por Medellín en octubre de 2021. En ese entonces, el caso fue asumido por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, luego pero fue cerrado cuando se vencieron sus términos en marzo de 2022. 

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No obstante, la Procuraduría General, desde Bogotá, pensó en su decisión del viernes 28 de abril de que Agudelo hubiera cometido una falta al avalar que el contrato con Colombia Avanza se hizo de forma directa y no en una convocatoria abierta.

La investigación ha revelado que la principal falla de la secretaría estaría asociada a la forma en cómo se justificó que la contratación con Colombia Avanza tenía que realizar de forma directa. 

Mientras la Alcaldía sospechaba que por ser un contrato “prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión” no era necesario abrir una convocatoria pública, la Procuraduría sospechaba que el alcance del contrato era mucho más amplio y tenía que lanzarse en una licitación pública.

Pese a que el pasado 10 de abril uno de los abogados de Agudelo solicitó desestimar el caso, aduciendo que no se habría transgredido ninguna norma, la Procuraduría tendría insuficiente su argumentación y debió formular pliego de cargos. 

Con esta decisión, el caso de Agudelo pasará ahora a una etapa en la que la Procuraduría decidirá si impone sanciones disciplinarias en su contra, que, entre otras, podrían incluso traducirse en inhabilidades para ejercer cargos públicos en el futuro.

Cabe resaltar que Agudelo también enfrenta otra investigación que asumió la Contraloría General de la República por los mismos hechos, que le fue quitada de las manos a la Contraloría de Medellín, que a comienzos de este año estuvo apunto de engavetar el caso y hoy arrastra indicios de haberlo manejado faltando a la imparcialidad.

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