Quién es Francisco Pareja González y sus nexos con Benedetti en caso de título falso de Juliana Guerrero

La aparición de Juliana Guerrero como candidata a viceministra de Juventud detonó un examen público sobre la Fundación Universitaria San José y, en particular, sobre la figura de su representante legal, Francisco Alfonso Fernando Pareja González.

Exconcejal y exrepresentante a la Cámara, Pareja ha sido durante décadas un operador político y empresario educativo que armó un conglomerado de bajo costo alrededor de la marca San José —con colegios, cursos de idiomas y educación superior—, y que hoy enfrenta la prueba más dura de su historia tras la anulación de los títulos universitarios de Guerrero por falta de sustento académico.

En lo biográfico, registros del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes lo ubican como ingeniero mecánico con trayectoria en el SENA y cargos de elección popular, además de su paso por el Congreso, lo que ayuda a explicar sus conexiones políticas de largo aliento y su posterior desembarco en el sector educativo privado.

El mapa empresarial que hoy lo rodea no se limita a una institución aislada. Investigaciones periodísticas y datos mercantiles muestran a la Fundación de Educación Superior San José como la cabeza de una red que incluye el Instituto Triángulo, un colegio homónimo y un centro de idiomas (Springfield Language Center), todos bajo el paraguas de Pareja como representante legal y con un crecimiento marcado en ingresos y contratación pública en los últimos años.

Ese salto económico —convenios con entidades territoriales y programas de “profesionalización acelerada”— fue presentado comercialmente como una oferta de títulos obtenibles en 10, 15 o 20 meses mediante homologaciones, un modelo que encendió alertas por su elasticidad académica frente a estándares ordinarios de 8 a 10 semestres.

El vínculo político más discutido en esta coyuntura es el que lo cruza con Armando Benedetti. En septiembre, tras destaparse el caso Guerrero, resurgieron imágenes de campaña en las que ambos aparecen asociados en contiendas del pasado, lo que reavivó la lectura de “socios políticos” dentro de una misma órbita liberal y de partidos afines. Benedetti, hoy ministro del Interior, negó amistad personal y criticó algunas publicaciones, pero el rastro de militancia compartida y momentos de plaza pública quedó documentado.

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Esto porque varias imágenes dan cuenta que Pareja fue en la Cámara por Bogotá fórmula de Armando Benedetti en su aspiración al senado en pasadas elecciones.

En paralelo a ese ruido, el frente estrictamente académico-jurídico escaló con rapidez. El 4 de septiembre, se registró la admisión pública de Pareja de que la institución graduó a Juliana Guerrero sin que hubiese presentado el examen Saber Pro —requisito obligatorio en Colombia—, lo que atribuyó a un “error” y prometió investigar.

Días después, reiteró que Guerrero cursó 18 meses por convalidaciones y volvió sobre la tesis del “descuido humano”, narrativa que terminó chocando con la inspección anunciada por el Ministerio de Educación y con nuevas piezas periodísticas que cuestionaron la consistencia de sus justificaciones.

A partir de ahí, se recordó la promesa institucional de “títulos exprés” y en la expansión del conglomerado, a la vez que recogieron testimonios y cifras de contratación que reforzaron la necesidad de verificación oficial.

La crisis dio un giro definitivo esta semana. El viernes 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidió anular de manera unánime los títulos de Guerrero, tras un proceso interno en el que —según la comunicación oficial— no se halló evidencia de actividad académica real ni registro de asistencia a clases o evaluaciones.

La carta de notificación, fechada el 6 de noviembre subraya que, pese a que semanas atrás el propio Pareja había defendido que sí hubo cursado de materias, los repositorios institucionales no soportan esa versión. La anulación fue confirmada este viernes 7 noviembre.

Fuera del caso puntual de Guerrero, el episodio abrió otra compuerta: la discusión sobre la gobernanza y naturaleza jurídica de una institución sin ánimo de lucro que, en declaraciones públicas, ha sido descrita por su representante en términos de “accionistas” y “dueños” con derecho a utilidades, lenguaje que choca con la normatividad del sector y que especialistas han cuestionado en voz alta.

Ese debate, alimentado por sectores  del ecosistema educativo, añade presión para que el Ministerio de Educación concluya sus visitas de inspección y precise hallazgos.

Hoy, el perfil de Francisco Pareja González queda delineado en tres capas. La primera, la del político curtido que escaló del Concejo a la Cámara de Representantes y conserva redes con figuras de peso como Benedetti, vínculo negado en lo personal pero verificado en lo documental de la militancia y la plaza pública.

La segunda, la del empresario-gestor de un emporio educativo que vendió velocidad, homologaciones y “neo-universidad” como valor diferencial en un mercado sensible a la movilidad social rápida.

Y la tercera, la del directivo que asumió frente a micrófonos un “error humano” en la expedición de un diploma y, semanas después, avaló —por decisión del Consejo— la anulación de esos títulos por inexistencia de soporte académico, un desenlace que lo deja en el centro de una investigación estatal y de un escrutinio que difícilmente cesará pronto.

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