Fracaso del proceso de paz de Santos con Farc: $109 billones invertidos en nueve años sin cambios reales

La Contraloría General de la República en su noveno informe de seguimiento a los recursos del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, identificó que las entidades responsables de ejecutar los recursos del Acuerdo reportaron, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, una ejecución acumulada de $107,47 billones en pesos constantes de 2024, equivalente al 53% del presupuesto total estimado de $201,5 billones para 15 años.

En 2024, se ejecutaron $19,2 billones, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a 2023, superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017.

Sin embargo, el análisis de pertinencia revela que el 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable.

Se destaca como fuente de financiación, el Mecanismo de Obras por Impuestos que registró una ejecución acumulada de $3,9 billones entre 2017 y el primer trimestre de 2025, con un crecimiento destacado del 40,7% en 2024, al pasar de $595 mil millones a $839 mil millones.

Para la vigencia 2024, el Fondo Colombia en Paz - FCP-, a través de la subcuenta PDET, adelantó 42 convocatorias por un valor contratado de $115.831 millones, enfocadas a sectores clave como infraestructura vial y educativa, proyectos productivos, salud y enfoque étnico.

Por otra parte, la Contraloría a través de sus auditorías determinó 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto durante el período julio de 2024 a junio de 2025, 31 fiscales por $4.794 millones que evidencian el uso ineficiente de recursos públicos.

En el sector de Minas y Energía, el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltáicos financiados con recursos del OCAD Paz presentan hallazgos relacionados con "no sostenibilidad, ni funcionalidad de las obras", confirmando que millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador por ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento.

Frente al Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO- se identificaron demoras en el proceso de actualización de componentes, lo que temporalmente limita la disponibilidad de información para el seguimiento de la implementación por puntos y pilares, particularmente del capítulo étnico, en el que no se registran datos específicos.

Así mismo, es fundamental establecer metodologías claras para la identificación de productos específicos en todos los proyectos identificados con el trazador 'Construcción de Paz’ e implementar mecanismos para medir el impacto de la transformación territorial.

La Reforma Rural Integral -RRI- mantiene su preponderancia en las inversiones, pero su continuidad enfrenta desafíos críticos de sostenibilidad. La Agencia Nacional de Tierras -ANT- concentró el 32% de la ejecución del Presupuesto General de la Nación con $3,84 billones, destacando el proyecto “Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral nacional" con $3,12 billones.

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El Plan Nacional de Formalización incrementó su presupuesto de $5,83 a $6,26 billones, logrando la adjudicación récord de 7.432,19 hectáreas en 2024; que, si bien es un avance importante frente al comportamiento histórico, el rezago impedirá cumplir con la meta trazadora de adjudicar 3 millones de hectáreas.

Por otra parte, el Plan Nacional de Electrificación Rural enfrenta un déficit estructural de $10,26 billones, para lograr la universalización del servicio de electrificación rural, requiriendo $18,2 billones frente a los $7,93 billones proyectados.

Los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral muestran una implementación diferenciada. La mitad presenta cobertura geográfica insuficiente y baja complementariedad de acciones interinstitucionales, comprometiendo la efectividad de la transformación territorial.

El Plan de Educación Rural cuenta con un presupuesto indicativo de $45,06 billones para el cumplimiento del PMI, con apropiación acumulada de $27,8 billones entre 2019 y 2025. Durante la vigencia 2024, contó con recursos directos del PGN por $1.74 billones, de los cuales se obligaron $1.30 billones, logrando una ejecución del 74,71%.

Con la adopción del Plan Nacional de Salud Rural en marzo de 2025, se estableció un presupuesto indicativo de $52,07 billones para municipios PDET, ZOMAC y PNIS.

En 2024, el Ministerio de Salud transfirió $633.786 millones para la conformación de Equipos Básicos de Salud en 367 municipios, logrando atención a 668.564 hogares, de los cuales 2.200 equipos operaron en municipios PDET.

Por su parte, el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional reportó compromisos por $5,2 billones entre 2020 y el primer trimestre de 2025 a través del INVÍAS y la Aerocivil, ejecutando $1,08 billones en 2024.

Entre 2017 y el primer trimestre de 2025, el pilar 1.6 contó con $8.95 billones (precios 2024) para impulsar la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa, con esfuerzos por cerrar brechas rurales. No obstante, la falta de línea base, la débil articulación local y las barreras logísticas han limitado que la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria se consolide como motor de desarrollo territorial.

La construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales. Es urgente la evaluación de programas y proyectos, mejorar la coherencia entre los objetivos y la contratación derivada, para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país.

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