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Contraloría cierra proceso fiscal contra gobernador de Antioquia: no hubo detrimento patrimonial en Rionegro
La investigación penal en la Fiscalía continúa.
La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por un presunto daño al patrimonio público relacionado con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro.
La investigación se originó en hechos ocurridos durante la gestión de Rendón como alcalde de ese municipio, entre 2016 y 2019, y estaba asociada a las obras de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.
Según la decisión del ente de control fiscal, el material probatorio analizado permitió establecer que los recursos públicos fueron invertidos conforme a lo contratado y que las obras se encuentran ejecutadas y en funcionamiento, cumpliendo los requisitos técnicos y estructurales.
Dentro del proceso, el hoy gobernador rindió versión libre y solicitó el archivo del caso, argumentando que las instalaciones fueron entregadas y que se adelantaron gestiones conjuntas con la Policía Nacional para su incorporación a la estructura orgánica de la institución.
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La Contraloría concluyó que no se configuró un detrimento patrimonial y que no existió afectación a los intereses del Estado, razón por la cual decretó el cierre definitivo del proceso de responsabilidad fiscal.
No obstante, el archivo en sede fiscal no implica el cierre de otras actuaciones judiciales. La Fiscalía General de la Nación mantiene activa una investigación penal relacionada con los mismos hechos contractuales.
En el marco de esa indagación, el ente acusador solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar interceptaciones telefónicas, medida que fue posteriormente avalada por el Tribunal Superior de Bogotá tras un recurso de apelación.
El gobernador Rendón ha cuestionado públicamente dichas actuaciones, mientras que las autoridades judiciales han reiterado que las medidas adoptadas cumplen con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El caso continúa su curso en la Fiscalía, que deberá determinar si existen o no responsabilidades penales derivadas de la contratación de las obras durante la administración municipal de Rionegro.
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