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Anla sanciona a Prodeco por incumplir parámetros ambientales en zonas mineras
Deberá pagar más de $1.500 millones por el incumplimiento de las medidas ambientales en el proyecto minero en el sector de Calenturitas.
A través de la Resolución No 1091 de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sancionó a la minera de carbón Prodeco, por el incumplimiento de las medidas ambientales que debía implementar para llevar a cabo un proyecto minero en el sector de Calenturitas, en el departamento de Cesar.
La multa, que asciende a $1.739.012.826, se debe, en primera medida, a la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito.
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"La ANLA evidenció que C.I. Prodeco S.A. no cumplió con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental para el establecimiento de estas barreras, cuyo propósito es mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto, en particular, aquellos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en las áreas o centros de acopio susceptibles de generar emisiones atmosféricas". sostuvo la entidad ambiental.
Por otro lado, determinó que la minera Prodeco no había reactivado la operación de la estación de monitoreo de PM10 ubicada en la parcelación El Prado, de acuerdo con los términos y condiciones impuestos por la Autoridad Ambiental. Esto debía cumplirse en relación con las obligaciones del permiso de emisiones atmosféricas.
La ANLA había establecido, a través del Auto de seguimiento No. 4108 del 28 de noviembre de 2013, un plazo de tres meses calendario para reactivar la operación de dicha estación y tomar las medidas necesarias para su funcionamiento. Sin embargo, esta obligación no fue acatada hasta el año 2015, cuando la estación de monitoreo finalmente volvió a operar.
"La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reafirma su compromiso con la protección del entorno y el bienestar de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La sanción impuesta pretende asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales y actúen de manera sostenible y responsable", indicó la ANLA.
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