Contraloría detecta presunto detrimento por más de $86.000 millones en proyectos de Ecopetrol

La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $86.054 millones tras auditar la ejecución de dos contratos adelantados por Ecopetrol, en los que se evidenciaron deficiencias administrativas, falta de control y retrasos en la aplicación de medidas contractuales.

Uno de los casos analizados corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol para la construcción del Ecoparque Solar Providencia, un proyecto concebido para reforzar la infraestructura energética de la isla luego de los daños causados por el huracán Iota en 2020. De acuerdo con el informe, el proyecto no entró en operación integral y hoy presenta inoperancia total, deterioro de equipos y pérdida progresiva de su vida útil.

La auditoría, realizada en 2024, estimó un daño fiscal de $49.592 millones, al concluir que los recursos invertidos no han generado ningún beneficio para la comunidad local. Entre los principales incumplimientos se destacó la no entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), un componente esencial que dependía de una donación internacional y que nunca estuvo respaldado por garantías contractuales suficientes.

El ente de control señaló que tanto el Ministerio como Ecopetrol permitieron la continuidad del proyecto sin asegurar los elementos clave para su funcionamiento, lo que evidenció fallas de planeación y supervisión. Según la Contraloría, esta gestión irregular derivó en un uso ineficiente de los recursos públicos.

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El segundo hallazgo fiscal, por $36.462 millones, se relaciona con el contrato 3050857 suscrito entre Ecopetrol y la empresa Morelco S.A.S. En este caso, la Contraloría concluyó que la petrolera no impuso oportunamente las sanciones previstas en el contrato, pese a los reiterados incumplimientos del contratista registrados entre 2023 y 2024.

El informe señala que Ecopetrol inició el proceso de reclamación ante la aseguradora solo en abril de 2025, cuando el contrato ya había expirado y la póliza no estaba vigente, lo que impidió recuperar los recursos comprometidos y generó un nuevo detrimento al patrimonio público.

La Contraloría advirtió que estos hechos reflejan debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de proyectos estratégicos, y anunció que los resultados de la auditoría serán trasladados a las instancias correspondientes para establecer eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias.

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