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Corte Constitucional admite la primera demanda contra la Reforma Pensional de Petro
Recurso legal quedó bajo la responsabilidad del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente del Alto Tribunal.
La Corte Constitucional ha admitido la primera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional del país.
La demanda fue presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien argumenta que la Reforma Pensional propuesta por el Gobierno contraviene varios artículos de la Constitución Política.
El recurso legal quedó bajo la responsabilidad del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente del Alto Tribunal. Ibáñez ha considerado que la demanda de la senadora es clara y relevante, dadas las preocupaciones surgidas sobre el procedimiento legislativo que aprobó la Reforma Pensional del presidente Gustavo Petro.
🚨Nuestra demanda contra la reforma pensional ha sido admitida.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 14, 2024
El petrismo dice que odio a los viejitos. ¡Falso! Por supuesto que estoy de acuerdo con el subsidio al adulto mayor, pero esto no implica una reforma pensional.
No podemos permitir que en 2045 los niños tengan que… pic.twitter.com/l1dKj0KmGh
En un auto emitido por la Corte, el magistrado Ibáñez detalló que la impugnación se enfoca en tres elementos clave de la ley. El primer argumento sostiene que el proceso legislativo no respetó el artículo 157 de la Constitución. Además, la demanda cuestiona que los artículos 93 y 84 de la ley no cumplen con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución, que garantiza el derecho a una pensión adecuada.
La senadora Valencia ha expresado su preocupación de que, si se aprueba la reforma, podría generar una deuda impagable para las generaciones jóvenes. "No podemos permitir que en 2045 los niños tengan que pagar casi un 30% adicional de sus ingresos", afirmó la senadora.
Otro aspecto crucial de la demanda es la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, una medida que la Constitución prohíbe expresamente.
Según la senadora Paloma Valencia, esta disposición permite al Gobierno definir discrecionalmente las condiciones de jubilación para el 41% de la población colombiana. Valencia advierte que esta medida podría tener serias implicaciones financieras y sociales, afectando de manera significativa el sistema pensional del país.
Con la decisión del Alto Tribunal, los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes tienen un plazo de 10 días para enviar a la Corte las gacetas del Congreso en las que se publicó el proyecto de ley, así como los informes de ponencia de primer y segundo debate en ambas cámaras y la conciliación, si se llevó a cabo.
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