Empresarios piden a la Corte derogar decreto de conmoción interior en el Catatumbo

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) radicó una carta ante la Corte Constitucional solicitando la derogación del Decreto 062 de 2025, que declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo a finales de enero. 

La petición, firmada por el vicepresidente jurídico de la agremiación, Alfonso Palacios, está dirigida a la magistrada Paola Andrea Meneses y cuenta con el respaldo de otras asociaciones empresariales, como la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.

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Los empresarios sostienen que el decreto carece de los elementos suficientes para justificar la medida, argumentando que la supuesta falta de atribuciones de las autoridades no está respaldada con pruebas concretas. 

"Desde la Andi consideramos que el Decreto 062 de 2025 no aporta los elementos suficientes para agotar el juicio de necesidad que el artículo 213 de la Constitución y la ley prevén, por lo que debe ser declarado inexequible", señala la misiva.

Críticas a la falta de planificación

En su comunicación, la Andi también cuestionó la falta de medidas concretas en el decreto, señalando que no contempla acciones específicas para fortalecer el control del espacio aéreo, los servicios de inteligencia, la policía judicial o el funcionamiento de la rama judicial. Asimismo, advirtió que no hay claridad sobre los recursos necesarios ni sobre su destinación.

"Lo que hay es otra afirmación general sobre la insuficiencia de los medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior. No hay un estimativo, así sea somero, de los recursos adicionales requeridos", concluye el documento.

Frente a la solicitud empresarial, el presidente Gustavo Petro defendió la medida a través de su cuenta en la red social X, asegurando que existen pruebas contundentes que justifican la intervención. 

El mandatario mencionó la grave crisis humanitaria en la región, con la recolección de más de 71 cadáveres, la existencia de fosas comunes presuntamente ocultas por el Eln, el desplazamiento de 55.000 personas, el asesinato de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y ataques contra la población civil.

Además, Petro argumentó que la falta de financiamiento ha debilitado la ofensiva del Ejército en la zona, lo que ha permitido el avance de los grupos armados ilegales y el agravamiento de la crisis.

Decisión en manos de la Corte Constitucional

El futuro del Decreto 062 de 2025 ahora dependerá de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la medida cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para justificar un estado de excepción o si, por el contrario, debe ser derogada. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre el sector empresarial, el Gobierno y distintos actores políticos en un contexto de creciente tensión en la región del Catatumbo.

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