Gobierno elimina licencias de construcción para mejoramiento de vivienda

El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Vivienda, expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, con el cual elimina la exigencia de licencia de construcción para los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción, bajo el modelo de “autogestión”.

De acuerdo con la nueva normativa, los proyectos podrán ser aprobados únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y su registro ante los entes territoriales, sin necesidad de tramitar licencia de construcción. Aunque el decreto establece que el Ministerio implementará en los próximos seis meses una estrategia de capacitación y certificación profesional, la norma entra en vigencia de inmediato.

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La decisión ha generado preocupación entre expertos del sector. La concejal y el director de Camacol, Sandra Forero, advirtió que la medida desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a inversiones públicas sin garantías de seguridad ni control institucional.

“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso institucional. No hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística. Es una política que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”, señaló Forero.

Según el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se comprometió a realizar 400.000 mejoramientos de vivienda, de los cuales se han entregado menos de 50.000. Cada subsidio puede alcanzar los $31,3 millones (22 salarios mínimos), lo que representa una inversión total estimada en $12,5 billones, ahora sin requerir licencia de construcción.

La concejal también cuestionó que el Ministerio avance con una política que, a su juicio, “desmantela los controles que garantizan la seguridad estructural de las viviendas”.

“Este decreto desmantela la institucionalidad del sector vivienda. No se garantizan las normas técnicas, y lo más grave: ocurre en plena campaña electoral. Es el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que tiene casi 5 millones de hogares en déficit habitacional”, concluyó.

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