ISA responde a denuncia de veeduría de Pablo Bustos

La compañía ISA, dedicada a la interconexión eléctrica y parte del grupo Ecopetrol, respondió a acusaciones sobre presuntas anomalías en sus contratos, tras señalamientos realizados por la Red de Veedurías de Colombia de propiedad del polémico veedor Pablo Bustos.

La empresa afirmó que sus procesos se alinean con normativas internacionales de contratación y que actúa en conformidad con las leyes de los países donde opera.

Según informó ISA, cada contrato es objeto de revisiones periódicas por entidades fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República. 

Recientemente, en una auditoría financiera correspondiente a 2023, la Contraloría emitió un juicio positivo sobre la gestión de los fondos públicos por parte de la empresa.

La compañía también mencionó que sus procedimientos y prácticas corporativas están en conformidad con la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), normativa estadounidense que establece criterios estrictos sobre los controles financieros y contables para las empresas listadas en la Bolsa de Nueva York. 

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ISA destacó que sus informes financieros son examinados detenidamente por auditores independientes externos, quienes verifican la confiabilidad de la información y los controles internos.

ISA también resaltó su condición de emisora de valores y su sujeción a regulaciones financieras rigurosas. La Red de Veedurías, por su parte, ha indicado haber recibido diversas quejas internas sobre la gestión actual de la empresa. 

Se criticó la falta de un presidente en la filial desde hace siete meses y la realización de contratos que superan los mil millones de dólares en ausencia de un liderazgo estable.

Adicionalmente, la red expresó preocupación sobre ciertas licitaciones en Panamá, valoradas en más de 260 millones de dólares, sugiriendo la necesidad de vigilancia y transparencia. 

También se mencionó que un miembro de la junta directiva habría intentado acelerar licitaciones que exceden los 200 millones de dólares cada una, antes de la designación de un nuevo presidente.

Finalmente, la empresa reportó que sus ingresos operacionales, sin incluir la construcción, alcanzaron los 2,7 billones de pesos en el primer trimestre del año, reflejando una disminución del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto subraya los desafíos financieros que enfrenta la compañía en un contexto de escrutinio y demanda de mayor transparencia.
 

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