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Procuraduría abre investigación a altos funcionarios de Ecopetrol por millonario contrato
Investigan presuntas irregularidades en un contrato de $5,8 millones con firma internacional sin aval de la junta directiva.
La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación disciplinaria contra tres altos funcionarios de Ecopetrol S. A., por posibles irregularidades en la contratación de la firma internacional Covington & Burling LLP, en un contrato que superaría los US$5,8 millones.
Los investigados son Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento; Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información; y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento.
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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, con base en lo dispuesto en el Código General Disciplinario.
El proceso se centra en presuntas anomalías durante la planeación, celebración y ejecución del contrato CW207382 y el otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024. Este documento habría elevado el valor del contrato original, de US$875.000 a US$5,8 millones, sin contar con autorización de la junta directiva ni del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
La investigación se inició de oficio luego de que medios de comunicación alertaran sobre posibles inconsistencias en el proceso contractual. El caso fue acumulado con otro radicado similar, en el que también se investigan los mismos hechos y actores. Además, la Procuraduría remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación, lo que sugiere posibles responsabilidades penales.
El contrato con Covington & Burling LLP se tramitó para obtener asesoría legal relacionada con investigaciones que involucran al presidente de Ecopetrol. No obstante, la ampliación de su valor ha generado una crisis interna y fuertes cuestionamientos. Algunos miembros de la junta aseguran no haber conocido ni autorizado el otrosí, lo que ha llevado a exigir un informe detallado sobre su tramitación.
La Procuraduría ordenó notificar personalmente a los tres funcionarios investigados. De no lograrse, se procederá por edicto. Asimismo, se les informó sobre su derecho a contar con defensa y ejercer las facultades previstas en la ley durante el proceso disciplinario.
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