Once solicitudes Isabel Zuleta a la Policía por operativos: pidió nombres de policías y datos de inteligencia

La senadora Isabel Cristina Zuleta, integrante del partido Pacto Histórico, elevó una serie de requerimientos formales a la Policía Nacional en el contexto de los operativos contra la minería ilegal en varios municipios de Antioquia y Caldas, en los cuales solicitó detalles sobre procedimientos, registros, participación institucional y nombres de uniformados.

Los requerimientos, consignados en un derecho de petición con fecha del 3 de octubre de 2025, incluyeron preguntas sobre las acciones policiales desplegadas en zonas como Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios y Buriticá, en Antioquia, así como en Marmato, Caldas.

Zuleta expresó su desacuerdo con los métodos empleados por la fuerza pública, al considerar que estos contravenían los compromisos establecidos entre el Gobierno Nacional y asociaciones de mineros informales en el primer semestre del mismo año.

Entre los argumentos expuestos, la congresista señaló que se habrían presentado actos de destrucción de maquinaria, cierres de minas, agresiones verbales y amenazas por parte de la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal (Unimil).

Mencionó en particular tres procedimientos realizados en abril y mayo de 2025 en el corregimiento de Providencia, municipio de San Roque, donde aseguró que los mineros fueron intimidados y que toda su maquinaria fue destruida.

En contraste, versiones de miembros de la Policía indican que las acciones se desarrollaron con fundamento en la ausencia de títulos mineros y licencias ambientales, conforme a la normatividad vigente.

Según los informes internos, los materiales y equipos incautados estaban destinados a actividades extractivas sin autorización de la Agencia Nacional de Minería ni de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

La senadora reclamó que los procedimientos debían centrarse en el decomiso y la revisión documental de los equipos, y no en su incineración o destrucción inmediata.

En total, formuló once solicitudes, entre ellas el suministro de información jurídica y operativa previa a los allanamientos, así como la entrega de registros audiovisuales, coordenadas geográficas, informes de inteligencia, actas de incautación, órdenes de operaciones y evaluaciones internas.

Uno de los puntos más controvertidos fue la petición de conocer las identidades, grados y dependencias de los funcionarios policiales que intervinieron en los operativos.

Según expresó, su intención era verificar si estos funcionarios se identificaron adecuadamente, pues sostuvo que varios habrían ocultado sus nombres durante las intervenciones, en contravía de los protocolos que exigen su plena identificación ante la ciudadanía.

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Zuleta también pidió aclaraciones sobre la relación entre los operativos y la administración departamental de Antioquia.

Solicitó precisar si hubo coordinación con la Gobernación y cuál fue el alcance de esa interacción, si se realizaron reuniones, y si existen actas o registros que documenten ese relacionamiento, aun cuando la Gobernación no tiene competencia directa en asuntos de minería.

Al interior de la institución, el documento fue interpretado por algunos oficiales como una posible interferencia en las labores contra organizaciones ilegales.

Uniformados afirmaron que en los territorios afectados por los operativos existen indicios de presencia de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc.

En ese contexto, un coronel retirado relató que hubo directrices para no intervenir en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, en particular en el municipio de Caucasia, pese a que existía material probatorio sobre actividades ilícitas.

Según su versión, recibió órdenes de suspender operaciones con el argumento de evitar bloqueos y alteraciones del orden público.

Por su parte, la senadora negó que haya solicitado información de inteligencia. Sostuvo que sus requerimientos apuntaban exclusivamente a esclarecer la base jurídica de los procedimientos y verificar si estos se ajustaban a los acuerdos pactados.

Argumentó que muchos mineros intervenidos se encuentran en proceso de legalización y que los operativos, tal como se ejecutan, podrían desincentivar ese tránsito hacia la formalización.

Afirmó que la legislación vigente permite realizar trabajos y obras de exploración minera sin necesidad de licencia ambiental, y que ese punto ha sido objeto de debate jurídico.

Frente a las versiones que la señalan de interferir en la labor de la Policía o de promover el traslado de uniformados, negó cualquier gestión en ese sentido.

Indicó que sus cuestionamientos se han expresado en espacios institucionales y que, en caso de considerar que algún oficial ha vulnerado los derechos de las comunidades, su manera de proceder es votar en contra de sus ascensos en el Senado.

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