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Suspenden al gerente de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado público
Procuraduría abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de dos altos funcionarios de Emcali por un proceso contractual a 20 años y de cuantía indeterminada.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.
Por los mismos hechos, el Ministerio Público vinculó al proceso al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño, al considerar que ambos funcionarios habrían omitido el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa.
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De acuerdo con la Procuraduría, se investigará si durante el proceso de selección de un aliado estratégico de Emcali para la prestación del servicio de alumbrado público en Santiago de Cali se vulneró el principio de publicidad. Además, se analizará la posible existencia de irregularidades como la ausencia de un procedimiento claro para elegir al aliado estratégico y la inclusión de requisitos —entre ellos indicadores financieros y de experiencia— sin la debida justificación.
El ente de control precisó que el proceso contractual en cuestión contempla la prestación del servicio de alumbrado público por un periodo de 20 años y una cuantía indeterminada, lo que incrementa la relevancia de las presuntas anomalías detectadas.
Mientras avanza la investigación, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó la suspensión provisional de Roger Mina Carbonero y José David Insuasti Avendaño por un término de tres meses. Durante este periodo, se revisarán las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades desarrolladas, la documentación existente y el rol de las personas involucradas.
La medida preventiva busca evitar que la permanencia de los funcionarios en sus cargos permita la reiteración de las conductas investigadas, una eventual participación en nuevos procesos contractuales o el desconocimiento de las normas que rigen este u otros negocios jurídicos.
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