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Capturan a dos exempleados bancarios por suplantación de identidad y fraude con 38 créditos
La Fiscalía General de la Nación acusó a los exasesores financieros de tramitar préstamos por más de 280 millones de pesos utilizando huellas dactilares falsas y datos robados

Dos exempleados de una entidad bancaria fueron capturados y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en una red de fraude que operó entre 2021 y 2022 en Santa Marta. Según informó la Fiscalía General de la Nación, Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias habrían gestionado de forma fraudulenta al menos 38 créditos, por un valor total superior a los 280 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad de ciudadanos.
Las investigaciones revelaron que los exasesores comerciales accedieron ilegalmente a datos biométricos extraídos de las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con esta información, el grupo delincuencial elaboraba placas de látex con huellas dactilares falsas, que permitían evadir los sistemas de autenticación de la entidad bancaria y simular la presencia de los verdaderos titulares.
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El modus operandi incluía la apertura de cuentas de nómina a nombre de las víctimas y la posterior solicitud de créditos. Una vez aprobadas las solicitudes, los recursos eran desviados a cuentas controladas por los involucrados, quienes también gestionaban la emisión de tarjetas débito y claves personales para disponer del dinero. Las huellas utilizadas nunca fueron reales, lo que, según la Fiscalía, evidencia un nivel avanzado de sofisticación en esta modalidad de fraude.
Marenco Posada y Crespo Arias fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a sistemas informáticos. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó su detención mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades investigan si hay otros implicados en la red y buscan determinar el alcance completo de los daños causados.
El acceso no autorizado a datos sensibles representa una violación grave a los derechos de los ciudadanos, según advirtió la Fiscalía. Las bases de datos de la Registraduría solo pueden ser manejadas por entidades como la Policía, Medicina Legal o la misma Fiscalía. El caso ha generado preocupación por la facilidad con la que se vulneraron sistemas de protección de datos personales y por las consecuencias para las víctimas, quienes enfrentan no solo pérdidas económicas, sino también afectaciones a su historial crediticio.
Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para proteger la identidad digital, como no compartir información personal en redes sociales, utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación en dos pasos y revisar regularmente los movimientos bancarios. En caso de detectar un posible fraude, se debe reportar de inmediato a la Fiscalía, Policía o a la entidad financiera correspondiente.
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